La hidroeléctrica brasileña Belo Monte, que sería la tercera más grande del mundo, y el ambicioso proyecto minero “Tía María” en Perú, de la compañía Southern Copper, podrían finalmente no llevarse a cabo si los indígenas hacen realidad sus amenazas de impedir a toda costa el inicio de las obras. La hidroeléctrica brasileña Belo Monte, que sería la tercera más grande del mundo, y el ambicioso proyecto minero “Tía María” en Perú, de la compañía Southern Copper, podrían finalmente no llevarse a cabo si los indígenas hacen realidad sus amenazas de impedir a toda costa el inicio de las obras.
El proyecto de la hidroeléctrica Belo Monte no es bien vista por todos los brasileños. Grupos de indigenas y campesinos ya se han movilizado para mostrar su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica. Consideran que el proyecto inundaría una superficie de 500 kilómetros cuadrados de selva y desplazaría a unos 50.000 indios y campesinos que viven en la zona donde será construido el embalse.
El Gobierno justifica la construcción de Belo Monte alegando que Brasil es un país que está en continúo crecimiento y que, por lo tanto, necesitará más energía de la que consume en la actualidad.
El Gobierno brasileño de Lula da Silva recortará el impuesto de la renta en un 75% a aquellos consorcios empresariales que participen en la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en el Amazonas. Con esta medida, Lula pretende acrecentar el interés de las empresas para que participen en el proyecto. La hidroeléctrica, que será la tercera más grande del mundo, sólo superada por la de las Tres Gargantas en China y la de Itaipú entre Brasil y Paraguay, tendrá una capacidad de 11.233 megavatios y necesitará una inversión de 12.600 millones de euros. Las autoridades estiman que su construcción generará 18.000 empleos directos.
Los portavoces del Ministerio de Energía han asegurado que “con esto, la incertidumbre de los inversionistas sobre los beneficios tributarios desaparecerá y el atractivo de las inversiones en infraestructuras aumentará”.
El Gobierno ha adjudicado el contrato de construcción al consorcio, de empresas públicas y privadas, Norte Energía, integrado por una subsidiaria de la empresa estatal Eletrobras y ocho firmas privadas.
Lula da Silva ha convertido la construcción de la hidroeléctrica en uno de sus grandes retos para dejar en marcha antes de abandonar la presidencia del país. Sin embargo, el mandatario lo ha tenido complicado, ya que un tribunal regional de Pará intentó dos veces impedir la concesión de la obra.
En Perú, la compañía Southern Copper ha visto como su proyecto “Tía María” se paralizaba durante 90 días a la espera de que se presente el estudio de impacto ambiental.
Si el Gobierno peruano de Alán García impide que la compañía Southern Copper continúe con las obras en uno de sus proyectos más ambiciosos en el país por las movilizaciones de los indígenas y campesinos, que protestan porque temen que la utilización de las aguas de los ríos de la zona los deje sin el recurso para sus cultivos, las crecientes inversiones en el sector minero que está recibiendo el país podrían comenzar a decaer.
El Gobierno de Alán García ha llegado a un acuerdo con los campesinos en el que se precisa la suspensión de las operaciones de las obras que la minera realiza en la región de Arequipa durante 90 días, tiempo que se dedicará a elaborar un estudio de impacto ambiental. Los campesinos se han movilizado porque temen que la utilización de las aguas de dos ríos de la zona los deje sin el recurso para sus cultivos. El proyecto, con una inversión de 694 millones de euros, tiene como finalidad elevar la producción de la firma en 120.000 toneladas.
Miles de campesinos se han movilizado para mostrar su rechazo al proyecto de Southern Copper en Arequipa. Los manifestantes han llegado a cortar durante seis días una carretera de vital importancia para el transporte de mercancía en el sur de Perú. El bloqueo de la carretera ha perjudicado el transporte de personas y mercancías y el Gobierno tuvo que lanzar un ultimátum para que se despejara la vía.
La compañía ha querido dejar claro que nunca contaminarían el agua del rio porque se utilizaría aguas subterráneas de la región sin afectar los cultivos y que construiría una presa. Además, han asegurado que no descartan la posibilidad de desalinizar agua del mar.
Ahora Southern Copper tiene un plazo de 90 días para elaborar un estudio de impacto medioambiental sobre el proyecto minero, conocido como Tía María. Además, se creará una mesa técnica integrada por representantes de los campesinos afectados y de Southern Copper.
