Los ‘okupas’ que se quedan con casas vacías de modo ilegal suponen un problema para el Gobierno de José Mujica. Para ello, el Ejecutivo uruguayo trabaja en un mecanismo para determinar cuando puede darse por vacante una vivienda y alquilarse a nuevos inquilinos. Los ‘okupas’ que se quedan con casas vacías de modo ilegal suponen un problema para el Gobierno de José Mujica. Para ello, el Ejecutivo uruguayo trabaja en un mecanismo para determinar cuando puede darse por vacante una vivienda y alquilarse a nuevos inquilinos.
El diputado de la Asamblea de Uruguay, Alfredo Asti, es el principal artífice de este proyecto. Uno de los puntos de esta ley establece que propietario del inmueble que incumple por un lapso superior a cinco años los deberes de conservar y cuidar el bien la vivienda podrá ser declarado en esa condición. En ese caso, el Estado podrá con ella o cobrar un nuevo impuesto al propietario de la finca si éste no la habita, vende o alquila.
La idea que subyace bajo todo esto es ampliar la oferta de inmuebles en el mercado inmobiliario para bajar el precio de los alquileres.
El ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, ha comentado que tras el último censo de 2011 se han contabilizado unas 50.000 viviendas que podrán estar abandonadas por su aspecto exterior, pero que podrían pasar a ser ocupadas.
“En muchos casos”, ha manifestado, “se desconoce quién es el propietario. Uno de los aspectos a regular es ver en qué medida el propietario cumplió con sus obligaciones con respecto a ese bien”, comentó en una intervención televisiva.
Actualmente, según él, se encuentran en pleno proceso de articulación del proyecto para buscar las formas jurídicas que les permitan hacerse con esas viviendas. “No significa necesariamente expropiar”, ha matizado.
En ese sentido, el gobierno buscará alternativas tanto desde el punto de vista tributario como municipal para aplicar algún nuevo impuesto a esos propietarios de viviendas deshabitadas que serán declaradas como vacantes.
Pese a todo, uno de los inconvenientes que ha comentado Beltrame ha sido que en muchos casos se desconoce si los propietarios de esas viviendas todavía se encuentran en el país o se radicaron en el extranjero.
