El Gobierno boliviano ha anunciado que ha tomado el control de la mina de Malku Khota que había sido explotada desde 2007 por una filial de la compañía canadiense South American Silver. Pero ha negado que la concesión sea para el Estado boliviano. El Gobierno boliviano ha anunciado que ha tomado el control de la mina de Malku Khota que había sido explotada desde 2007 por una filial de la compañía canadiense South American Silver. Pero ha negado que la concesión sea para el Estado boliviano.
El ministro de Minería, Mario Virreira, ha anunciado que el Gobierno ha firmado un decreto que faculta al Estado a “encarar de aquí en adelante las actividades de prospección y exploración para planificar la explotación de la mina”.
Según ministro, “no ha habido firma de ningún acuerdo con la compañía canadiense para explotar el yacimiento”. Además, ha añadido que “Bolivia, como Estado, no tiene ningún contrato directo con la empresa canadiense, no existen registros”.
Ante esta decisión, representantes de South American Silver dicen sentirse “muy decepcionados” y no han descartado asumir medidas legales contra el Gobierno de Evo Morales en las instituciones internacionales.
Según el Gobierno canadiense, la actitud del Ejecutivo boliviano supone una “señal negativa a los inversores canadienses y al resto de inversores extranjeros”. El portavoz del Ministerio de Comercio de Cánda, Rudy Husny así lo ha comentado en un comunicado.
Además, también ha señalado que el Gobierno canadiense se encuentra en comunicación con el boliviano, para “llegar a una solución respetuosa” entre South American Silver y el Ejecutivo de Evo Morales.
Tras cinco años de explotación la reversión tuvo que ver con el compromiso del Gobierno con campesinos de la zona, que exigían la marcha atrás en la concesión de mina a la filial de la empresa canadiense (que también se llama Mallku Khota). En estos últimos días las peticiones se han endurecido con nuevas medidas de presión por parte de los vecinos de la zona.
Evo Morales ha anunciado que durante los próximos 120 días hábiles habrá una empresa independiente trabajando para realizar una evaluación de las inversiones realizadas y las consiguientes indemnizaciones a pagarse.
