La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no para de encontrar obstáculos que le impiden llevar a cabo sus planes. Ahora, su estrategia de estatalizar la filiar argentina de Telecom Italia ha tropezado con la Unión Europea. El “lobby” europeo de las telecomunicaciones ha exigido a Bruselas que intervenga en la disputa y evite que la operadora se vea obligada a vender su participación en la filial que posee en el país austral. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no para de encontrar obstáculos que le impiden llevar a cabo sus planes. Ahora, su estrategia de estatalizar la filiar argentina de Telecom Italia ha tropezado con la Unión Europea. El “lobby” europeo de las telecomunicaciones ha exigido a Bruselas que intervenga en la disputa y evite que la operadora se vea obligada a vender su participación en la filial que posee en el país austral.
Esto ha sucedido sólo unos días después de encontrar inesperadas resistencias en otro de los frentes que aún mantiene abiertos. Hace unas semanas, cuando quiso destituir al presidente del Banco Central, Martín Redrado, por negarse a usar las reservas monetarias para el pago de la deuda, se encontró con la férrea oposición de la justicia y con la crítica de la élite del sistema financiero internacional.
Y aunque esa batalla sea aún priotitaria el pulso que le plantea ahora el ‘lobby’ europeo de las telecomunicaciones no es para tomárselo a broma. Las principales operadoras del Viejo Continente desean que Bruselas que intervenga en la disputa que mantiene el Gobierno de Cristina Fernández con Telecom Italia. La idea de Cristina de hacerse con el control del segundo operador fijo del país tampoco gusta a los analistas financieros, que consideran que una posible estatalización de Telecom podría ser perjudicial para la economía argentina.
Pablo Lavigne, analista de la agencia Datariskglobal, ha asegurado a Americaeconomica.com que si se tiene en cuenta el actual contexto económico del país, una posible nacionalización de Telecom no sería bien digerida por la economía argentina y podría provocar un aumento de la fuga de capitales, algo que nadie desearía en este momento.
Cristina Fernández lleva tiempo tanteando la idea de hacerse con el control de Telecom Argentina. Ahora, con más de dos años de retraso, ha aprovechado la presencia indirecta de Telefónica en la operadora, a través de la participación del grupo español en Telecom Italia, para obligar al grupo italiano a vender su paquete, el 50% del capital de la operadora. El comprador sería alguno de los ‘empresarios K’, grupos cercanos a los Kirchner.
Michael Bartholomew, director de la European Telecommunications Network Operators Association (ETNO), ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes y a la Alta Representante de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton.
En ella exige una respuesta contundente por parte de Bruselas, e insta a la Comisión a emprender todas las acciones posibles frente al Gobierno argentino con el fin de dejar claro que un marco jurídico y político seguro y fiable es una condición fundamental para todas las inversiones existentes y futuras de las compañías europeas en este país.
Y los problemas para Cristina pueden seguir creciendo si se empeña en presionar a las empresas que operan en su país para que se sometan a sus designios. Sobre todo ahora que el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asumido la presidencia rotatoria de Europa durante el primer semestre de 2010. Muchos analistas consideran que Zapatero no le va a poner las cosas fáciles a Cristina, y que hará todo lo posible para defender los intereses de las empresas europeas, y sobre todo españolas, que se encentran en Argentina.
No es la primera vez que Cristina Fernández se encuentra con obstáculos que le impiden realizar sus planes. Cuando la mandataria quiso destituir al presidente del Banco Central de Argentina, Martín Redradro, para poder pagar la deuda con reservas monetarias sin contar con la oposición del propio Redrado, que no veía bien con buenos ojos la operación, se encontró de frente con la justicia de su país. Un juzgado de Buenos Aires suspendió el pago de deudas con reservas del Banco Central, en respuesta al recurso de amparo interpuesto por oposición política. La jueza María José Sarmiento justificó su resolución asegurando que es el Parlamento quien debe decidir sobre el uso de fondos del Banco Central.
Este conflicto desatado entre el Gobierno de Cristina Fernández y el Banco Central argentino ha provocado una nueva oleada de fuga de capitales hacia Uruguay que ha creado un gran malestar en el Ejecutivo de Cristina Fernández. Los depósitos de argentinos en este país han seguido al alza y cerraron el año 2009 con una subida de un 20,1%, según los datos publicados por el Banco Central uruguayo (BCU). El diario de Argentina La Nación ha indicado que el mayor flujo de dinero se registra en las instituciones financieras instaladas en Montevideo.
Además, la presidenta argentina tuvo que digerir las críticas de la élite del sistema financiero internacional por su intento de destituir a Martín Redrado. En su defensa salieron Jean-Claude Trichet, titular del Banco Central de Europa y Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de EEUU. El sistema financiero internacional teme que la crisis local argentina termine por arrastrar a la región. No sólo han alzado la voz Trichet y Ben Bernake, también se ha escuchado a los banqueros del Comité de Basilea, que agrupa a los gobernadores de los bancos centrales del G-10.
