La “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa, a las urnas

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Durante este fin de semana el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se juega a una carta su deseo de reformar la Constitución a través de una consulta popular, a la que han sido llamados nada menos que 11.300.000 millones de ecuatorianos, de entre los cuales 205.000 viven en España. El referéndum, más que un simple proceso político, servirá para evaluar el apoyo de los ecuatorianos al presidente Correa y a su liderazgo, cuyo lema es “La Revolución Ciudadana está en marcha”. Durante este fin de semana el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se juega a una carta su deseo de reformar la Constitución a través de una consulta popular, a la que han sido llamados nada menos que 11.300.000 millones de ecuatorianos, de entre los cuales 205.000 viven en España. El referéndum, más que un simple proceso político, servirá para evaluar el apoyo de los ecuatorianos al presidente Correa y a su liderazgo, cuyo lema es “La Revolución Ciudadana está en marcha”.

Los diez puntos de que consta la consulta hacen referencia a temas candentes en la actualidad de Ecuador, como la remodelación de la justicia o el cambio de la legislación que regula los medios de comunicación. Organizado en cinco enmiendas y cinco preguntas, a las que los ciudadanos deberán responder “Sí” o “No”, el proyecto se ha convertido en una apuesta personalista de Correa, quien se ha enfrentado a la prensa nacional debido a su deseo, recogido en la consulta, de “prohibir que las instituciones del sistema financiero privado así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional”.

Es decir, lo que Correa persigue es que los propietarios de medios de comunicación no puedan dedicarse a otros negocios u actividades, algo que, en teoría, contribuiría a crear un sistema mediático menos corrupto. Sin embargo, para sus detractores, lo que Correa busca es amordazar a una prensa que ha sido crítica con él y que se ha opuesto a sus proyectos políticos.

Otras, algo menos con conocidas, tienen que ver con la naturaleza y aplicación de la prisión preventiva, considerar delito el enriquecimiento privado no justificado, prohibir los negocios dedicados a juegos de azar, que se prohíban los espectáculos públicos donde se mate animales, que se norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita (a través de un Consejo de Regulación) que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, o que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito.

Entre los más importantes, gracias a los cuales la consulta ha recibido muchos apoyos, la reestructuración del sistema judicial por medio de la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, que se encargará de dicha labor durante los siguiente 18 meses.

Sin embargo, más allá del deseo o no de reformar la Constitución, lo que subyace a esta consulta es la pretensión de Correa de reafirmar su autoridad y recibir un espaldarazo popular a su gestión. Los especialistas apuntan que tanto la implicación de Correa y el gobierno en la campaña (al fin y al cabo, la han lanzado ellos) como la actitud de la oposición revelan que hay un fuerte elemento personalista en el referéndum.

Según los sondeos, el último de los cuales, realizado por la privada Santiago Pérez (SP) entre el 24 de abril y el 3 de mayo, arroja un voto favorable superior al 60% para las 10 preguntas planteadas en la consulta, por lo que, salvo desastre de última hora, Correa recibirá el apoyo de sus ciudadanos y su liderazgo se verá reforzado.

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