El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum defiende que no existe una política estatal de desapariciones forzadas y subraya que ha impulsado reformas estructurales desde 2019, especialmente desde 2025.
El rechazo del Gobierno mexicano se produce en un contexto de creciente presión internacional por la magnitud del fenómeno de personas desaparecidas en el país, que supera las 130.000 desde 2006.
México rechaza el informe de la ONU y asegura que no refleja la realidad actual del país ni sus avances institucionales
El Gobierno acusa al CED de ignorar datos oficiales
La Secretaría de Relaciones Exteriores sostiene que el informe del CED no tiene en cuenta las observaciones presentadas por el Gobierno y que sus conclusiones no se ajustan a la definición internacional de desaparición forzada.
Según el Ejecutivo, el procedimiento activado por el Comité —basado en el artículo 34 de la Convención— está diseñado para contextos donde existen prácticas sistemáticas por parte del Estado, algo que México niega rotundamente.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, subraya el comunicado oficial, que también destaca reformas en materia de búsqueda de personas e investigación forense.
El Ejecutivo insiste en que no existe una política estatal de desapariciones y defiende cambios legales recientes
La ONU alerta de patrones y magnitud del problema
El CED, por su parte, justifica su decisión en la existencia de “indicios fundados” de desapariciones forzadas en el país, incluyendo posibles casos con participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, recalca que el derecho internacional no exige que estos crímenes se produzcan a nivel nacional ni desde las más altas esferas, sino que basta con la existencia de patrones sistemáticos contra la población civil.
El organismo también advierte de la falta de claridad en los registros oficiales y de la persistencia de fosas clandestinas en el país.
La ONU sostiene que existen indicios suficientes de desapariciones forzadas y cuestiona la falta de claridad en los datos oficiales
Magnitud de la crisis de desapariciones en México
Los datos disponibles reflejan la dimensión del problema, aunque sin distinguir claramente los casos de desaparición forzada:
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Personas desaparecidas desde 2006 | Más de 130.000 personas |
| Fosas clandestinas localizadas | Más de 4.500 tumbas |
| Cadáveres encontrados | Más de 6.200 cuerpos |
| Restos humanos identificados | 4.600 restos |
| Restos humanos no identificados | Cerca de 72.000 restos |
El Comité vincula esta situación, en parte, a la denominada guerra contra las drogas, que habría contribuido a la violencia y a los ataques contra la población civil en distintas regiones del país.
México denuncia un análisis “parcial y sesgado”
El Gobierno mexicano critica que el informe del CED se centre principalmente en desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017 en cuatro estados, sin reflejar los cambios recientes.
Además, reprocha que el Comité rechazara analizar información oficial actualizada antes de emitir su resolución.
A pesar de las discrepancias, México asegura que mantiene su disposición a la cooperación internacional, aunque rechaza cualquier evaluación que, a su juicio, parta de premisas erróneas.
México acusa al CED de basarse en datos antiguos y no considerar información reciente antes de emitir su resolución
El choque entre el Gobierno mexicano y la ONU evidencia la tensión internacional en torno a uno de los principales desafíos de derechos humanos del país, marcado por cifras récord de desapariciones y un debate abierto sobre su naturaleza y responsabilidad.
