La ley del silencio

Compartir en linkedin
Compartir en whatsapp
Compartir en reddit
Compartir en telegram
Compartir en email

La banca venezolana está predestinada, quiera o no quiera, a secundar las peticiones del presidente Hugo Chávez. La espada de Damocles sobre sus cabezas en forma de expropiaciones y sanciones y las leyes que les exigen, entre otras cosas, dar créditos hipotecarios a quienes han sufrido estafas inmobiliarias, son los argumentos que les obligan a ello. Después de que el mandatario bolivariano pidiera precio por el Banco Provincial en directo y con el presidente de la entidad al teléfono, la reacción ha sido inmediata. Las entidades bancarias ayudarán a construir las viviendas prometidas por Chávez. Todo vuelve a la calma… al menos por momento. La banca venezolana está predestinada, quiera o no quiera, a secundar las peticiones del presidente Hugo Chávez. La espada de Damocles sobre sus cabezas en forma de expropiaciones y sanciones y las leyes que les exigen, entre otras cosas, dar créditos hipotecarios a quienes han sufrido estafas inmobiliarias, son los argumentos que les obligan a ello. Después de que el mandatario bolivariano pidiera precio por el Banco Provincial en directo y con el presidente de la entidad al teléfono, la reacción ha sido inmediata. Las entidades bancarias ayudarán a construir las viviendas prometidas por Chávez. Todo vuelve a la calma… al menos por momento.

El modo de operar del Gobierno venezolano es sencillo. Utiliza el miedo a las expropiaciones como medio para lograr lo que busca. Es decir, después de haber realizado varias nacionalizaciones de empresas que o bien interesaban por ser estratégicas o bien han sido “díscolas” o “críticas” con los modos de hacer del presidente Chávez, aquellas que han quedado, han aprendido la lección. Colaborar y callar. Es el único modo de sobrevivir en Venezuela.

Chávez parece haber conseguido por este medio lo que quería, una vez más, y la banca ha sido en esta ocasión la víctima. Sin tener una responsabilidad clara en el asunto, van a terminar pagando los platos rotos o, expresado al modo chavista, aportando su granito de arena a la revolución bolivariana. Después de que las autoridades venezolanas detuvieran la construcción de 33 desarrollos urbanísticos de viviendas acusando a las empresas que las gestionaban de corrupción, miles de personas vieron como sus inversiones desaparecían. De alguna manera, pese a que parte de la responsabilidad de la paralización de las construcciones debía correr a cargo de Gobierno, por precipitación, había que buscar responsables.

Juan Carlos Escotet, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, ha insistido esta semana, una y otra vez, en que la banca privada “no tiene absoluta responsabilidad” en las irregularidades que llevaron al Ejecutivo a la intervención de los 33 urbanismos. «No hay hasta ahora ningún banco, al menos de la banca que está hoy en pleno funcionamiento, que pueda ser señalado, o que haya tenido complicidad en una estafa que además repudiamos”, asegura. Y sin embargo, parece que sus declaraciones no van a ser suficientes.

El Gobierno, con el presidente Chávez a la cabeza, se ha esforzado por hacer ver que la necesidad de facilitar viviendas a las personas estafadas no es solo del Estado. Los bancos, como entidades que otorgan hipotecas, deben asumir una parte de la “culpa”. Los estafados, que viven en mitad de una natural desesperación, son “forzados” a creer lo que el Estado les cuenta. Los bancos deben asumir parte de la responsabilidad. No hay un motivo claro, pero deben hacerlo.

Este juego perverso de redirigir la responsabilidad, sirvió de marco para una situación que, de no haberse producido en la Venezuela actual, podría ser considerado un performance surrealista. Sin embargo, en la política, que todo lo salpica, venezolana, cualquier cosa es posible a día de hoy.

El presidente Chávez acudió a reunirse con un grupo de personas pertenecientes a uno de esos 33 desarrollos urbanísticos paralizados por el Estado, en San José de Cotiza, el pasado 26 de enero. Estafados por las constructoras, esas personas viene gestionando, por sus propios medios, la finalización de sus viviendas. La reunión, retransmitida en directo por televisión, se torna increíble cuando una de las asistentes se queja al mandatario de que el Banco Provincial, filial del BBVA español en Venezuela, se había negado a otorgarles los créditos necesarios para acometer la obra. Acto seguido, el mandatario realiza una llamada al presidente de la entidad filial del banco español BBVA, Pedro Rodríguez.

Chávez asume, como es habitual en su modo de obrar, la responsabilidad de aclara la situación por sí mismo pero, sobretodo, de lograr los aplausos de la concurrencia. Es un gran comunicador, hay que reconocérselo. Con actitud segura, solicita que le pongan al teléfono al presidente de la entidad bancaria, Pedro Rodríguez, y comienza a “conversar” con él. Después de recordarle que, según la ley, está obligado a otorgar créditos hipotecarios, rechaza que la voz del directivo se escuche en directo por televisión. No le gusta confrontar ideas.

El video de la conversación en la que únicamente puede escucharse la voz de Chávez, puede verse en internet. Ésta el la conversación según una fuente próxima al presidente del Provincial que ha preferido quedar en el anonimato. Chávez insista a Rodríguez para que el banco cumpla con sus obligaciones, a lo que Rodríguez responde repetidas veces: «Es que nosotros estamos cumpliendo, Presidente». En respuesta, el jefe de Estado pregunta si lo que quiere decir es que la denuncia presentada es falsa y afirma que está dispuesto a comprar el banco. Rodríguez argumenta entonces que “para vender el banco hacen falta dos partes, una que venda y una que compre; y el banco no está a la venta».

Esta última respuesta no gusta al mandatario bolivariano. Su afamado “Exprópiese”, con el que se refiere en ocasiones a empresas que el Estado a nacionalizado, deambula por la mente de cada venezolano. “No está en venta, pero yo se lo puedo expropiar” espeta Chávez finalmente. Está molesto, pero el argumento, sin serlo, es suficientemente potente como para que el presidente del Banco Provincial recuerde el país en el que está trabajando y la persona que lo dirige. Asume el chantaje y decide mostrarse conciliador. Se reunirá con el grupo de personas que han realizado la denuncia y promete buscar una solución.

A partir de este momento, los titulares de medio mundo comienzan a hacerse eco de la conversación. El pasado del mandatario, que en sus 12 años de mandato recién cumplidos tiene una media aproximada de 100 nacionalizaciones de empresas por año, se impone, y los diarios publican que el Banco Provincial se encuentra en riesgo de ser expropiado. Los acontecimientos se aceleran, el BBVA niega que vaya a vender el banco y Chávez asegura que no está en sus planes expropiarlo. Y, sin embargo, la banca no tiene más remedio que reaccionar. El miedo, perenne en el día a día de las entidades privadas venezolanas, se impone.

El 29 de enero, el presidente de la Asociación Bancaria Venezolana, Juan Carlos Escotet, en nombre de los bancos asociados, anuncia que colaborarán con el Gobierno en finalizar los 33 proyectos paralizados así como en aplacar el déficit habitacional, una de las promesas estrella de Chávez tras caer derrotado en las elecciones a la Asamblea Nacional de septiembre de 2010, que vive el país. Chávez aplaude, que no agradece, el anuncio y considera que “la llamadita ha servido para algo”.

Quien no sigue habitualmente la política venezolana, podría suponer que esta sucesión de hechos responde a una cuestión fortuita. Por el contrario, la fijación con la banca, principalmente con el Banco Provincial, por parte de Chávez viene de lejos. Un dato que habla de cómo le han ido las cosas a este sector durante su mandato, habla por si mismo. Si la expropiación del Banco Provincial se produjera, algo difícil teniendo en cuenta que la entidad está valorada en unos 1.200 millones de dólares y los malos momentos que están viviendo las arcas públicas, el Estado habría adquirido, en sucesivas nacionalizaciones, más del 30% del sector bancario nacional.

Hay quien asegura que la inquina contra el Provincial tiene una motivación concreta y se alimenta de algunas subsidiarias. La concreta, un 10% de las acciones del banco, que como hemos dicho es la filial del BBVA español en Venezuela, están en poder de la empresa Polar. Esta empresa es a su vez propiedad de la familia Mendoza, muy acaudalada y con cierto recorrido histórico en el país, por lo que, desde los sectores chavistas se la considera parte de la oligarquía.

Polar, que se dedica a la venta de productos alimenticios, ha estado en el punto de mira de Hugo Chávez en los últimos años. Sometida a un chantaje similar a la que sufre la banca, cada poco tiempo se extiende el rumor de que va a ser expropiada, como ya ocurriera con otras empresas del sector como la española Agroisleña. Por el momento, Chávez parece satisfecho con ir dañando poco a poco los intereses de la empresa. Además de nacionalizar algunos de los terrenos con los que contaba en varias provincias del país, la pasada semana le tocó al Provincial. Tras la amenaza de nacionalización, cientos de clientes acudieron a las sucursales de la entidad a retirar sus ahorros e ingresos.

Pero ésta no es la única daga envenenada que ha recibido el Provincial. El pasado 29 de noviembre, el propio Pedro González tuvo que salir a desmentir, una vez más, que el banco no estaba en venta. Respondía de esta manera a la noticia difundida por el presentador de televisión José Vicente Rangel, miembro histórico de la izquierda venezolana y vicepresidente del Gobierno de Hugo Chávez hasta 2007, en la que se aseguraba que estaba en marcha una operación de venta y que esta se cerraría en 2.000 millones de dólares (1.509 millones de euros).

Comentaristas malintencionados aseguran que el modo de comportarse del presidente del Provincial, Pedro Rodríguez, no ayuda a mitigar el acoso que la filial del BBVA sufre por parte de Chávez. Aseguran que el español se ha erigido en una voz de protesta, la única desde dentro del sector, en medio de las arremetidas del Gobierno contra la banca. Otros le acusan de ser un irresponsable y consideran que, como asegura el propio Chávez, es un poco altanero. Alguno, con más guasa, asegura que el acento y la manera de ser de la gente de Andalucía, región española a la que pertenece Rodríguez, no son los ideales.

Sean como sean la cosas, lo cierto es que, a pesar del buen ambiente que parece haberse instaurado entre la banca y el Gobierno a raíz del último incidente, en medios próximos al sector bancario latinoamericano, se ha extendido una cierta sospecha de que, podría ser, el entorno del presidente Chávez piensa convertir al Banco Provincial en un generosísimo financiador del programa de viviendas sociales en el que está pensando el presidente venezolano. Dicho plan, esa promesa estrella de Chávez, no ha podido llevarse a cabo por diversos motivos relacionados con estafas y corrupciones dentro del sector de la construcción.

En estos mismos medios se asegura que, quizás, la estrategia podría completarse iniciando una nacionalización del Banco una vez que el Provincial tuviera en sus balances esos activos dudosos, es decir, las hipotecas que muchos venezolanos no van a ser capaces de pagar. Por supuesto, del precio final de la expropiación se descontaría el impacto sobre el valor de la entidad financiera esa mala inversión “orientada”. Pero esto son solo rumores. Malos pensamientos.

TE PODRÍA INTERESAR

DEJA UNA RESPUESTA