El Parlamento de Costa Rica ha aprobado una ley que prohíbe los proyectos de minería a cielo abierto, con una votación casi unánime. La presión de las organizaciones ecologistas ha sido un factor determinante en esta acción que, sin embargo, permite mantener sus operaciones actuales a la empresa Industrias Infinito, la mayor productora de oro que opera en el país. El Parlamento de Costa Rica ha aprobado una ley que prohíbe los proyectos de minería a cielo abierto, con una votación casi unánime. La presión de las organizaciones ecologistas ha sido un factor determinante en esta acción que, sin embargo, permite mantener sus operaciones actuales a la empresa Industrias Infinito, la mayor productora de oro que opera en el país. Esta compañía minera se encuentra en la etapa final de un juicio en el Tribunal contencioso administrativo para saber si puede extraer el metal en tierras costarricenses.
La aprobación del Plenario para la modificación al Código de Minería habrá sido motivo de celebración para todos los grupos ‘verdes’, los cuales perseguían este momento desde hace mucho tiempo.
La encarnizada lucha que han vivido los organismos ecologistas, ha llegado a su fin. Pero todavía parece que queda un escollo. La empresa Industrias Infinito continua funcionando, ya que la ley aprobada no es retroactiva y solo puede ser aplicada a proyectos futuros.
La ley no afectará las actividades de la minera en Crucitas, el principal proyecto minero del país. Los expertos estiman que esta región posee reservas de oro de 1’2 millones de onzas y fue declarado proyecto de interés nacional por el presidente Oscar Arias, antecesor de Laura Chinchilla.
Pero la empresa se encuentra en el final de un juicio que resolverá si puede realizar sus actividades mineras. El pasado mes de abril este proyecto recibió el visto bueno de la Sala Constitucional, máximo órgano jurídico costarricense, que ya rechazó 19 recursos de amparo en contra de la mina, y aseguró que tiene todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Crucitas espera construir dos tajos de 50 hectáreas, de donde sacarán el oro, pero la mayoría de la población, liderada por organizaciones ambientalistas, se opone rotundamente a la mina por el uso de cianuro y la tala de árboles que conlleva, en una zona que consideran ecológicamente frágil.
En caso de que la mina no pueda construirse, Industrias Infinito ya ha anunciado que demandaría al Estado costarricense, que debería acudir a un panel arbitral y podría verse obligado a indemnizar a la empresa con hasta 1.500 millones de dólares (1.091,81 millones de euros), según estimaciones de la compañía.
Y es que la empresa minera, filial de la canadiense Vanesa Ventures, en el año 1995 consiguió todos los permisos necesarios para operar y una concesión para realizar esta actividad por un periodo de diez años por parte del Estado.
Tras haber cumplido los requisitos legales, Industrias Infinito ha invertido 127 millones de dólares (unos 92 millones de euros), pero aún no ha podido extraer ni una onza de oro debido a los múltiples recursos legales a los que han acudido grupos ambientalistas opositores al proyecto.
Las asociaciones ecologistas que han rechazado este tipo de minería han alegado que la riqueza ecológica de Costa Rica, y de su vecina Nicaragua, está amenazados por la sedimentación y por el cianuro empleado en la extracción de oro, el cual podría llegar hasta el rió San Juan, zona limítrofe de ambos países.
Las analistas consultados por este medio señalan que este asunto no ha afectado ni a los mercados ni a la moneda. Señalan que la minería ha mostrado un crecimiento interanual negativo desde 2007, al tiempo que destacan que la extracción de metales en Costa Rica no genera ni el 1% del PIB.
Esta situación ha creado discrepancias entre distintos sectores de Costa Rica. Por un lado, el Gobierno y la empresa minera que promete a la comunidad un desarrollo local y trabajo, y por otro, el sector ecologista, que dice que la minería tiene un periodo corto de ejecución y que trae graves impactos medioambientales.
Hasta que sepamos como termina el asunto Crucitas, resaltar que no es un caso aislado de ecologismo en este país. Costa Rica ha sido premiada este año por la ONU con el “Future Policy Awards”, por los logros conseguidos con su Ley de Biodiversidad, por la protección de áreas naturales reservadas.
