La ley de la República Dominicana para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible no ha conseguido los efectos que se esperaban cuando se ideó. La ley de la República Dominicana para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible no ha conseguido los efectos que se esperaban cuando se ideó.
Según Germania Montás Yapar, socia de la firma Consultores para el Desarrollo, la reforma se ha quedado corta en sus metas planteadas y no ha llegado a lo esperado por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
En un análisis realizado por su compañía ponen énfasis en la relación de la Ley de esta reforma con la END, pues una de sus justificaciones es logar un incremento de la presión tributaria.
Según Montás, la intención del Ejecutivo era reducir el déficit anual así como generar ingresos adicionales, pero parece ser que no se ha llegado a lo que se esperaba cuando se puso en funcionamiento.
Sobre la ley, la consultora ha comentado que la pretensión de esta ley (la 253-12) era aumentar los impuestos sobre impuestos por varias vías como: el gravamen de dividendos en adición a la tasa pagada por las empresas, el impuesto sobre los rendimientos financieros de las personas físicas y el aumento de algunas retenciones en la fuente, como las que se realizan a premios de lotería y proveedores del Estado.
Dicha ley también introduce acabar con la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas desde 29% en 2013 a 27% a partir de 2015, lo cual le hace suponer que sus efectos en torno al aumento de la participación de este impuesto en las recaudaciones descenderá nuevamente en los próximos años.
En cualquier caso, ella consideraba que la ley lograría impactar positivamente en la economía, aunque parece que aún hará falta un tiempo para que actúe del modo en el que están esperando los especialistas.
Esto puede deberse a las debilidades de la gestión inmobiliaria. Aunque aún hay tiempo para llevar a cabo nuevas legislaciones y reformas.
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