Brasil ha dado un paso determinante para reducir la edad penal de los 18 a los 16 años en crímenes graves como homicidio y violación. En concreto, la Cámara de los Diputados del país ha aprobado en primera instancia una Propuesta de Enmienda Constitucional al respecto. Brasil ha dado un paso determinante para reducir la edad penal de los 18 a los 16 años en crímenes graves como homicidio y violación. En concreto, la Cámara de los Diputados del país ha aprobado en primera instancia una Propuesta de Enmienda Constitucional al respecto.
Se trata de uno de los debates más encendidos en Brasil, lleva vigente desde 1993 y es una de las banderas del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha del Movimiento Democrático Brasileño. Desde que llegó al poder el pasado mes de febrero ha estado dándole vueltas al asunto y se ha comprometido a rebajar la edad.
El pasado martes no obtuvo lo que quería, pues la cámara rechazó por cinco votos en contra la enmienda. Las cosas se dieron la vuelta al día siguiente, cuando retomó el asunto y consiguió aprobarla con 323 votos a favor y 155 en contra (15 más de los que legalmente necesitaba).
Muchos lo han acusado de llevar a cabo movimientos fraudulentos y conspiraciones, sobre todo la oposición que ya le apoda ‘el Frank Underwood brasileño’ en referencia al protagonista de la serie estadounidense House of Cards.
Probablemente, el cambio de opinión se haya debido a que la norma presentada el miércoles sea un poco más suave que la del día anterior, ya que solo afecta a los crímenes más oscuros como el asesinato y el robo seguido por muerte o violación. Lo que deja fuera el tráfico de drogas, la tortura, terrorismo y el robo con violencia.
Otro detalle que contempla la ley es que los jóvenes de 16 años o menos serán condenados a cárceles especiales para ellos y diferentes de las de los adultos. Para que esto sea una realidad, en cualquier caso, aún es necesario que el texto vuelva a ser analizado por los diputados y votado dos veces en el Senado.
Para el diario español El País el posible cambio en la ley es una derrota para la presidenta Dilma Rousseff y para su Partido de los Trabajadores (PT) puesto que ambos se habían posicionado contra el cambio junto a los movimientos sociales.
De momento, la constitución estipula que los menores de 18 años no van a prisión, sino a centros especializados que dependen del sistema educativo y que están separados de la justicia común.
