Asegurar la iniciativa del Gobierno argentino para ampliar la oferta de dólares son el objeto de dos nuevas medidas tomadas por el Banco Central del país (BCRA), en un momento en el que el país está sufriendo una sostenida fuga de capitales. Asegurar la iniciativa del Gobierno argentino para ampliar la oferta de dólares son el objeto de dos nuevas medidas tomadas por el Banco Central del país (BCRA), en un momento en el que el país está sufriendo una sostenida fuga de capitales.
Una de las dos normativas adoptadas por la entidad monetaria obliga a registrar el ingreso de dólares en operaciones de venta de activos y empresas de residentes locales a extranjeros, y la otra profundiza las regulaciones existentes para la compra de moneda extranjera sin destino específico.
En relación a la primera medida, el BCRA ha subrayado que en los casos de compras de empresas locales, aportes de capital o adquisición de inmuebles por parte de no residentes, se deberá registrar el ingreso de los fondos en el mercado local de cambios al momento de efectuar la inversión.
La segunda decisión amplia los requisitos que los compradores de activos externos superiores a los 250.000 dólares (178.000 euros)que ya debían cumplir. El objetivo es “demostrar que los fondos aplicados a la compra están justificados fiscal y patrimonialmente», según la entidad monetaria.
Estos cambios llegaron sólo un día después de que el Gobierno de Cristina Fernández adoptará nuevas medidas para intentar sostener la oferta local de dólares y el valor del peso. Éstas se basaron en recortar los beneficios de las empresas petroleras y mineras del país. Así, las autoridades argentinas restablecieron la obligatoriedad de que estos sectores ingresen al país la totalidad de las divisas provenientes del exterior.
Hasta el momento, las empresas petroleras estaban obligadas a liquidar sólo un 30% de sus ventas en el exterior, mientras que las mineras, las más beneficiadas, no tenían ninguna obligación, de acuerdo con una medida que el expresidente Néstor Kirchner adoptó por decreto en 2004.
Según el Gobierno, la medida podría aportar unos 4.000 millones de dólares al año (cerca de 2.900 millones de euros) al año y, de esta manera, las mineras y petroleras tendrán el mismo régimen que las empresas agroexportadores, principal fuente de liquidación de divisas del país.
La compra constante de dólares realizada por empresas, bancos y público minorista en los últimos meses se explica en la posible amenaza de que la crisis económica mundial golpee al país y en un supuesto atraso cambiario local.
