Las últimas declaraciones del presidente boliviano Evo Morales, en las que aseguraba que no existía otra alternativa mas que cruzar el Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con el Tramo II, para construir la carretera que irá de Beni a Cochabamba, no ha gustado a los dirigentes indígenas de la marcha protesta contra el Gobierno, quienes han amenazado con “defender con sus vidas si es necesario” esta zona. Las últimas declaraciones del presidente boliviano Evo Morales, en las que aseguraba que no existía otra alternativa mas que cruzar el Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con el Tramo II, para construir la carretera que irá de Beni a Cochabamba, no ha gustado a los dirigentes indígenas de la marcha protesta contra el Gobierno, quienes han amenazado con “defender con sus vidas si es necesario” esta zona.
A pesar de que las dos partes en conflicto están a favor de dialogar, parece que ninguno está dispuesto a ceder en sus pretensiones. Morales asegura que buscar otra ruta que no sea atravesar el TIPNIS supone que la carretera tenga que pasar por “pantanales, curichales y bajiales”, cosa que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.
En cambio, los indígenas no van a permitir que la vía pase por “su territorio” ya que de concretarse esta infraestructura “no habrá ley que pare la invasión de los cocaleros” del Trópico de Cochabamba. Este último sector ha resultado ser uno de los principales apoyos del mandatario boliviano. De ahí que los cocaleros de Chapare, cuya asociación preside Evo Morales, anunciaran hace unos días que iban a bloquear, junto con los cocaleros de los Yungas, la marcha de más de 600 kilómetros de los indígenas.
Pero Morales se ha creado más enemigos que amigos. Las malas relaciones del presidente boliviano con algunos líderes indigenistas, que interpretan muchas de las medidas del mandatario como de naturaleza neoliberal, han provocado que la marcha acumule apoyos en sectores sociales que, como habituales aliados del Gobierno, deberían apoyar al primer presidente aymara de la historia de Bolivia.
El presidente de Bolivia ha llagado a acusar incluso a diplomáticos de EEUU afincados en el país y a las empresas madereras que operan en el TIPNIS, de alentar las protestas contra su Gobierno por la construcción de la vía. Morales proporcionó a la televisión nacional documentos en los que supuestamente había registrada un buen número de llamadas entre la embajada de EEUU y los dirigentes de la manifestación.
El mandatario ha ido más lejos y ha asegurado que se trata de “una marcha de madereros ilegales”, que tiene como único objetivo el de “seguir explotando de manera ilegal” el territorio, una razón que difiere mucho de la anteriormente comentada por parte de los indígenas. En este sentido, la empresa Santo Domingo, de la que Morales asegura disponer de documentación y fotografías con camiones repletos de indígenas que demuestran su tesis, sería una de las interesadas en que el estado no construya la carretera.
Pero las conspiraciones del dirigente aymara no se quedan aquí. Según anunció el mandatario todas se originaron en tres áreas distintas: la primera los dirigentes que engañan a sus bases con reivindicaciones; la segunda, la acción de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dicen defensoras de la naturaleza con actitudes prebendalistas y, la última, el capitalismo, que busca dividir al pueblo e impedir su integración.
El líder boliviano ha inmiscuido incluso a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quien ha acusado de apoyar la marcha. Las respuestas no han tardado mucho por parte del organismo internacional, que ha emitido un comunicado en el que ha explicado que su propósito es el de convocar a las dos partes para que realicen los mayores esfuerzos y aporten su buena voluntad, “con el fin de que se pueda establecer un espacio de diálogo constructivo en el cual se encuentren soluciones concertadas”.
La ONU también ve necesario “avanzar hacia soluciones concertadas con los pueblos indígenas afectados y sus representantes en el tema de la carretera planificada a través del (TIPNIS) en el marco de la garantía del derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas”, según ha recogido El Heraldo.
El acuerdo entre Gobierno e indígenas parece lejano. Pero a pesar de ello el Ejecutivo ha preparado una delegación de diez ministros para que se reúnan, en los próximos días, con los miembros de la marcha. Situación que aceptarían los participantes de la marcha siempre que sean los portavoces gubernamentales los que se acerquen a donde ellos están.
