Cristina Fernández lanza al poder judicial contra la prensa argentina

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Argentina vive una nueva cruzada de Cristina Fernández contra los medios que publican datos o informaciones contrarias a las oficiales. Un juez ha pedido a varios periódicos argentinos una lista de periodistas que hayan informado desde 2006 sobre la inflación, un tema sensible para el Gobierno. Argentina vive una nueva cruzada de Cristina Fernández contra los medios que publican datos o informaciones contrarias a las oficiales. Un juez ha pedido a varios periódicos argentinos una lista de periodistas que hayan informado desde 2006 sobre la inflación, un tema sensible para el Gobierno.

La verdad sobre la inflación se ha convertido en un auténtico campo de batalla en Argentina. Mientras desde el Gobierno se ofrecen datos que demuestran que el crecimiento de los precios está bajo control, informes privados de consultoras y organismos vienen dando cifras que prácticamente doblan las de los técnicos de Cristina. Clarín, Ámbito Financiero, La Nación, El Cronista Comercial, Página 12 y BAE han sido los medios afectados por la medida.

Tras la petición de las listas de periodistas que hayan ofrecido datos en sus diarios y periódicos alternativos a los ofrecidos por el poder se encuentra el juez Alejandro Catania y la secretaría de Comercio Interior, que ya ha multado en varias ocasiones a consultoras privadas con fuertes sumas para evitar que la inflación se convierta en un arma para los opositores a Cristina, con las cercanas elecciones presidenciales de noviembre en el horizonte.

La insólita petición del juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 se produce en la misma semana en que varios medios se han hecho eco de la inflación tiene unas expectativas de alcanzar el 29% en los próximos doce meses, según un estudio privado del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, una cifra muy alejada de las que proporciona el Gobierno, que cifra el aumento de los precios en un 9,8%.

La oposición al kirchnerismo y diversas asociaciones de defensa de la prensa libre y de la libertad de expresión han reaccionado con sorpresa y consternación ante lo que consideran un acto de censura, en un país en el que los choques entre el poder y los medios son constantes.

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas se pone el acento en que «la individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de cumplir con su tarea -informar cuestiones de interés público a partir de fuentes libremente seleccionadas- constituye una indudable presión intimidatoria sobre dichos profesionales, que conlleva un riesgo claro de censura indirecta y de potencial restricción a la libre información de la ciudadanía».

La petición de listas del juez Catania es clara: «suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios» desde el año 2006, tal y como ha publicado El Cronista, uno de los periódicos afectados por la medida.

Los periodistas argentinos no son el único objetivo de Catania. Según ha informado el mismo diario, el juez ha hecho llegar al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo muy crítico con Cristina Fernández y los datos oficiales, a los que considera poco fiables, un exhorto para que desde sus técnicos informen de cómo calculan la inflación en Argentina.

Por su parte, esta misma semana el FMI ha vuelto a cargar contra Cristina Fernández. Desde el organismo se asegura que mientras no mejore la calidad de los datos oficiales sus técnicos seguirán utilizando informes privados para sus estimaciones.

La relación entre Cristina y los medios argentinos más críticos con su gestión ha sido siempre tensa. El último desencuentro se había producido en agosto, cuando su ministro de Interior, Federico Randazzo, ha acusado a los diarios Clarín y La Nación de “atentar contra la democracia” por la forma en que informaron sobre supuestas irregularidades en las elecciones primarias de agosto.

Una actitud que ponen de relieve el permanente conflicto entre el poder y la libertad de expresión en el que Argentina parece vivir inmersa desde hace años.

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