Esta semana ha tenido lugar un nuevo enfrentamiento entre la presidenta argentina, Cristina Fernández, y el grupo Clarín. En este caso la ‘afectada’ ha sido la empresa Cablevisión, filial del grupo en el mercado de la televisión de pago, que ha sido intervenida por la policía. Además, el Parlamento argentino ha aprobado la nueva ley que denomina el papel de prensa como interés público. Esta semana ha tenido lugar un nuevo enfrentamiento entre la presidenta argentina, Cristina Fernández, y el grupo Clarín. En este caso la ‘afectada’ ha sido la empresa Cablevisión, filial del grupo en el mercado de la televisión de pago, que ha sido intervenida por la policía debido a unas supuestas irregularidades en torno a la Ley Antimonopolio por su posición dominante.
El Ejecutivo argentino se ha desmarcado de esta actuación, asegurando que es un contencioso judicial entre empresas privadas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, declaró que «es un disparate pensar que la Gendarmería haya intervenido en el caso por mandato del Gobierno”.
La situación viene provocada por una denuncia de Supercanal, del grupo Vila-Manzano, que es calificado por el periódico Clarín como “un aliado fundamental del Gobierno y uno de los principales beneficiarios de la pauta oficial”.
De esta forma, la Justicia Federal de Mendoza ha designado un interventor por un lapso de tiempo de un año para analizar el funcionamiento y la documentación de la operadora de televisión Cablevisión. El encargado será Enrique Anzoise y su abogado precisó que “la justicia designó a un coadministrador con facultades para analizar toda la documentación de la empresa. La denuncia la hace Supercanal. La convivencia ha quedado trunca, así que vamos a pedir medidas para permitir la intervención”.
Por su parte, el grupo Clarín ha acusado al Gobierno de Cristina Fernández de estar detrás de esta medida judicial contra la operadora de televisión por cable, una de las principales fuentes de ingresos de la firma.
Esta polémica ha saltado en la misma semana en que el Parlamento ha aprobado la ley que declarara de «interés público» el papel prensa. Éste es producido por Argentina Papel Prensa, una firma controlada por los diarios Clarín con un 49% de las acciones y La Nación con un 22,49% en sociedad con el Estado (28,08%). De esta forma, la empresa deberá proveer de papel a todos los diarios del país que así lo requieran al precio que fije el Ministerio de Economía.
En los últimos años, Clarín y La Nación han dicho en varias ocasiones que sufren presiones y actos intimidatorios procedentes del Gobierno de Fernández, al que acusan de atentar contra la libertad de expresión e información. En concreto, con el grupo Clarín el enfrentamiento comenzó en 2009 cuando el diario, del mismo nombre, arremetió contra su Gobierno en las protestas de agricultores en 2009.
De esta forma, se ha abierto un nuevo capítulo del enfrentamiento de Cristina contra los medios de comunicación de su país. Una situación que no es única en la región, ya que el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, también mantiene un litigio en su país con los periodistas.
