¿Cabeza de turco?

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La guerra por el poder que desde hace años se ha fraguado entre los nuevos grandes empresarios del país, que han conseguido sus fortunas bajo el mandato de Hugo Chávez, ha salpicado de lleno al mandatario bolivariano, que se ha visto obligado a intervenir y tirar por tierra el incipiente imperio financiero de Ricardo Fernández Barrueco, uno de sus antiguos protegidos. La guerra por el poder que desde hace años se ha fraguado entre los nuevos grandes empresarios del país, que han conseguido sus fortunas bajo el mandato de Hugo Chávez, ha salpicado de lleno al mandatario bolivariano, que se ha visto obligado a intervenir y tirar por tierra el incipiente imperio financiero de Ricardo Fernández Barrueco, uno de sus antiguos protegidos.

Este hombre de negocios colombo-venezolano es el dueño del grupo de bancos intervenido hoy por el Estado venezolano (el Banco Canarias, el Bolívar Banco, el Banpro y el Banco Confederado). Estas, junto a otro grupo de entidades lideradas por Pedro Torres Filiberto y Arne Chacón Escamilla (Baninvest, Central Banco Universal y Banco Real), controlan cerca del 5% de los depósitos del sistema bancario nacional.

Fuentes de la Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban), han asegurado a Americaeconomica.com que la intervención se ha producido bajo el amparo de la ley por las irregularidades que estas empresas han cometido. Entre ellas, destacan la compra en un corto periodo de tiempo de pequeñas entidades financieras a través del mercado bursátil sin desvelar la procedencia de los fondos.

Sin embargo, los rumores en Caracas apuntan hacia otros motivos más oscuros. Más concretamente, se habla de un plan en el seno del Gobierno para destronar de lo más alto del poder empresarial a Fernández Barrueco, que en los últimos tiempos intentaba emprender un su propio camino, después de años bajo el paraguas de Chávez.

En concreto, Barruecos pertenece al conglomerado Proparepa, la principal suplidora de los programas alimenticios del gobierno conocidos como Casa y Mercal y a través de los cuales las clases populares compran alimentos con descuentos que pueden llegar al 30% frente a los precios del comercio. También es miembro de la Junta Nacional de Cereales que se creó en el 2003 para garantizar a la población el acceso permanente a los alimentos.

En las calles de la capital venezolana se habla de que los tres empresarios dueños de las entidades financieras antes mencionadas, decían operar bajo dos direcciones distintas para “simular” cierta competencia entre ellos. Pero muchos aseguran que actuaban más bien como testaferros de los que se apuntan como los verdaderos dueños de estas empresas.

Entre ellos, se señala directamente a Diosdado Cabello, ministro de Vivienda y Trabajo del país, que habría defendido los intereses de Barrueco. Apoyando a Torres Filiberto y Arne Chacón se sitúa al vicepresidente José Vicente Rangel y el propio hermano del magnate y ministro de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón.

En las últimas semanas, todos ellos habían iniciado una carrera a contrareloj por la adquisición de nuevas entidades financieras, movimientos que, al parecer, y por producirse en un periodo tan corto de tiempo habían levantado las sospechas de la Sudeban.

Muchos se preguntan por qué este repentino interés por un negocio que apenas representa un 5% del mercado nacional. Algunos observadores aseguran que los intereses no son puramente empresariales. Recuerdan que muchos grandes bancos tienen conexiones con otras empresas que utilizan a estas entidades para solventar sus problemas financieros.

Pero el negocio bancario no sólo es atractivo por este motivo. Estas entidades pueden tener posiciones en moneda extranjera, algo impensable para las otras empresas que operan con el control de cambio establecido en el país desde 2003. Por no hablar de las polémicas “notas estructuradas” que los bancos compraban al Banco Central para ahorrar en divisas.

Los banqueros cuentan con estos favores del Gobierno, y enemistarse con Chávez puede ser peligroso. De hecho, el mandatario intenta mantener a ralla al sector con unas condiciones por las que las entidades están obligadas a otorgar un elevado porcentaje de sus créditos a la construcción de viviendas o a financiar la agricultura, con unas tasas de interés controladas. En concreto, y según algunos blogs especializados, el Gobierno fija cuál será el destino del 37% de los préstamos.

También obliga a las entidades a financiar el endeudamiento del Estado. Según un reciente informe de Ecoanalítica, al cierre de agosto los bancos dedicaron un 76% de sus inversiones a la compra de estos papeles, quedando el resto para los créditos.

Sea cual sea el futuro de las entidades intervenidas, muchos han querido comparar el caso de Fernández Barrueco con el de Gustavo Cisneros, la cara más conocida del acomodamiento de los empresarios con el Gobierno.

Cisneros, propietario de la estación de televisión Venevisión e importante accionista individual de la primera cadena hispana de EEUU, Univisión, fue acusado públicamente por Chávez de participar en el golpe de estado que permitió llegar brevemente al poder al empresario Pedro Carmona en el 2002.

En medio de amenazas de intervención de Venevisión, Cisneros y Chávez llegaron a un acuerdo de no agresión en el 2004 que produjo resultados visibles en ambos extremos: la desaparición de programas y comentarios muy críticos de Chávez en el canal de Cisneros y la omisión de nuevas acusaciones de Chávez contra el empresario en sus discursos.

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