Manifestación a favor del 'impeachment' o proceso de destitución contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Sao Paulo
Un grupo de médicos brasileños ha presentado este lunes una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados de Brasil contra el presidente, Jair Bolsonaro, por su gestión de la pandemia, al que acusan de llevar al país a un «precipicio negacionista».
Los firmantes de la petición han aportado una batería de declaraciones públicas y acciones del líder desde marzo de 2020, cuando estalló la crisis sanitaria mundial, asegurando que los comentarios de Bolsonaro han arrastrado a Brasil «a un precipicio negacionista que implicó –y sigue implicando– la pérdida de vidas y perjuicios incalculables, desde la salud a la economía».
Uno de los ejemplos de las frases que se han adjuntado es cuando, preguntado por el número de muertes por la COVID-19 en el país, el mandatario respondió diciendo que «no soy enterrador».
Destacadas personalidades de la medicina y de la ciencia han firmado la solicitud, asegurando que Bolsonaro ha utilizado «sus poderes legales y su fuerza política para desacreditar medidas de salud probadas y desorientar a la población cuya población debía proteger», según recoge Globo, haciendo referencia al escrito.
Algunos de los peticionarios son el expresidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) Gonzalo Vecina Neto y la exresponsable de Farmacología de la Fundación Oswaldo Cruz Eloan dos Santos Pinheiro.
Desde que inició su andadura al frente del Ejecutivo, Bolsonaro acumula más de 60 juicios políticos, la mayoría relacionados con su papel en la gestión de la pandemia, aunque es muy improbable que alguno de estos procesos avance, ya que la Cámara acaba de elegir a uno de sus aliados, Arthur Lira, como presidente.
Lira tiene la potestad de decidir qué peticiones o solicitudes se llevan a votación en la Cámara de Diputados.
Entre las solicitudes de ‘impeachment’ más recientes destaca la presentada por un grupo de líderes religiosos el 26 de enero, firmada por 380 personas, y la de seis partidos de la oposición, ambas por la gestión del Gobierno.
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