El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha firmado este viernes el decreto por el que convoca para el 26 de abril el plebiscito en el que se decidirá si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace, principal demanda de los manifestantes que salieron a las calles en octubre. «Tal como lo hemos dicho y hecho durante los últimos 30 años, nuevamente con un lápiz y con un papel los ciudadanos podremos expresar nuestra opinión y definir los caminos que recorrerá nuestro país», ha valorado Piñera durante el acto de la firma, celebrado en el Palacio de La Moneda.
Piñera ha destacado la importancia de que los chilenos participen en el plebiscito, «no solamente votando, sino expresando opiniones», conforme a «los principios y las virtudes de la paz, el respeto y el diálogo».
En el caso de los partidos políticos y las organizaciones sociales –promotoras de las protestas contra el Gobierno–, les ha emplazado a «cuidar, la paz, la democracia y el Estado de Derecho».
Interrogado sobre qué votará él, el jefe de Estado ha rehusado contestar. «Yo voto por Chile», ha sentenciado. «La Constitución tiene que ser el gran marco de unidad y de estabilidad para nuestra sociedad», ha añadido.
Piñera ha formalizado así la decisión adoptada el pasado 15 de noviembre por el Congreso de celebrar un plebiscito para que los chilenos decidan si se aprueba o rechaza la propuesta de redactar una nueva Constitución.
Si gana la opción de avanzar hacia una nueva Carta Magna, los chilenos tendrán que decidir en el mismo plebiscito entre una asamblea constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y una instancia que incluya la participación de al menos el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.
CRISIS EN CHILE
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social». Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
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