El presidente de Colombia, Iván Duque
La Procuraduría de Colombia ha comenzado a investigar los contratos celebrados por el Gobierno de Iván de Duque con la agencia de publicidad Du Brands a costa del Fondo de Programas Especiales para la paz para mejorar la imagen de la Casa Nariño en redes sociales.
Según destapó la prensa colombiana, el Ejecutivo firmó el año pasado con Du Brands un contrato por valor de 3.350 millones de pesos (unos 770.000 euros) para «dar mayor alcance a las comunicaciones del Gobierno en el ecosistema digital, en el marco de la construcción de la paz».
RCN Radio ha informado en las últimas horas de que habría otro contrato de 480 millones de pesos (unos 114.000 euros) por el cual se encarga a la agencia de publicidad «determinar el nivel de aceptación de los programas que se adelantan en el marco de la política de legalidad y convivencia del Gobierno orientados a la construcción de paz».
El dinero habría salido del llamado Fondo Paz, creado para financiar la implementación del acuerdo firmado en 2016 con las FARC para poner fin a más de medio siglo de guerra entre el grupos armado y el Estado colombiano.
Du Brands emitió el lunes un comunicado en el que se pronuncia por primera vez sobre este asunto para asegurar que, «respecto de los siguientes contratos, su adjudicación no fue producto de la contratación directa, sino a través de convocatorias e invitaciones públicas que permitieron la participación de múltiples oferentes».
La Procuraduría está revisando ya el primer documento y ha contactado con el director del Fondo Paz, Juan Carlos Vargas, para esclarecer «cuáles fueron las razones de oportunidad y necesidad que fundamentaron la firma del contrato», especialmente «en momentos en que el país atraviesa una emergencia sanitaria casada por la Covid-19».
Duque, cuyo Gobierno ha heredado el acuerdo de paz de la anterior Administración de Juan Manuel Santos, es uno de sus mayores críticos y ha prometido reformarlo en aspectos esenciales como el participación política de los ex guerrilleros de las FARC y la justicia transicional.
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