Personas con mascarilla en San Salvador
La Fiscalía General de El Salvador ha presentado este domingo una demanda de inconstitucionalidad contra el nuevo decreto del Gobierno para ampliar durante 30 días más el estado de emergencia al considerar que el presidente, Nayib Bukele, podría estar extralimitándose en sus funciones.
La Fiscalía, a través de un comunicado, ha pedido a su vez que el Tribunal Constitucional emita una cautelar para dejar sin efecto la nueva prórroga ya que dicha medida no ha pasado por la consulta de la Asamblea Legislativa, «y eso constituye una usurpación de facultades» por parte del Gobierno.
«Si bien el artículo 24 de la Ley de Protección Civil otorga la facultad al presidente de decretar un estado de emergencia, en este caso no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado», ha señalado la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía ha insistido en que los informes de la Comisión Nacional de Protección Civil deben pasar primero por el criterio de la Asamblea, que al no estar imposibilitada para reunirse en la actualidad, «tiene legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia».
El Consejo de Ministros anunció en la noche del sábado, el mismo día en que se acababa, una ampliación del estado de emergencia durante 30 días más ante «el colapso» del sistema de salud y justificó, amparándose en el Artículo 24 de la Ley de Protección Civil, la potestad del Gobierno de anunciar esta prórroga sin pasar por la Asamblea ya que no se reuniría hasta el lunes 18.
Por su parte, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES) ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que la ampliación del estado de emergencia es inconstitucional, pues la Asamblea «no tiene impedimento para cumplir con el mandato legal de realizar dicho decreto».
No obstante, y pese a criticar cómo ha sido decretada está nueva prórroga, la UES se ha mostrado partidaria de continuar con el estado de emergencia, pues «el distanciamiento y la cuarentena deben seguir», ya que en caso contrario, «los efectos serían peor que si nunca se hubiera decretado».
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