El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010)
La Corte Suprema de Justicia colombiana ha determinado este lunes que la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, es la autoridad competente para resolver la solicitud de libertad del expresidente Álvaro Uribe, que se encuentra en prisión domiciliaria, y ha establecido que el proceso en su contra debe seguir el sistema penal acusatorio.
Con 19 votos a favor y dos en contra, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, tras varios días de debate, ha determinado cuál es el sistema penal bajo el cual continuará el proceso penal contra Uribe –presidente entre 2002 y 2010– por el caso de presunto soborno y manipulación de testigos.
Por un lado, las víctimas pedían que se aplicase el sistema que se rige bajo la Ley 600 del año 2000, mientras que la defensa del expresidente y la Fiscalía se decantaban por la Ley 906 de 2004, ya que los hechos juzgados tuvieron lugar en 2005, cuando esta segunda ley ya estaba en vigor.
La resolución indica que se aplicará el Sistema Penal Acusatorio, la ley propuesta por la defensa, en la que la Fiscalía acusa, empezando la investigación desde cero para evaluar la imputación de cargos al expresidente, y los jueces deciden.
La juez 30 decidirá si Uribe sigue en arresto domiciliario o si, por el contrario, puede seguir el proceso de acusación y juicio en libertad, y deberá fijar una nueva audiencia para tomar la decisión.
Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
Este caso se trata de una investigación por supuestos delitos de fraude electoral y manipulación de testigos, surgido después de que el propio expresidente iniciara un proceso contra el senador Iván Cepeda, a quien denunció por dirigir una supuesta red de manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares.
Uribe renunció a su cargo como senador, durante las investigaciones en su contra, después de que el Supremo cerrase la causa contra Cepeda y el investigado pasara a ser el propio expresidente, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador progresista en algunas cárceles acusándole no fueron producto de manipulación ni de pagos.
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