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El Senado de Bolivia pide a la Fiscalía procesar a cuatro ministros de Áñez por corrupción

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha aprobado este lunes un informe de la comisión de investigación sobre la compra de gases lacrimógenos por parte del Gobierno y lo ha remitido a la Fiscalía para que inicie un proceso penal contra cuatro ministros de la Administración interina de Jeanine Ánez, así como contra el presidente de la Aduana Nacional.

«Se han presentado pruebas de las irregularidades en la licitación, por eso estamos mandando para que hagan las investigaciones correspondientes en las instancias mencionadas», ha detallado la presidenta del Senado, Eva Copa, según declaraciones recogidas por ‘El Deber’.

Los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Presidencia, Yerko Núñez; el exministro de Economía Óscar Ortiz y el presidente de la Aduana Nacional, Waldo Ramos Jurado, son los investigados por esta causa iniciada después de que medios bolivianos denunciaran el supuesto sobreprecio en la compra de materiales antidisturbios.

Ante la negativa de los presuntos implicados de facilitar información sobre la compra investigada, el informe de la Comisión Mixta presentado este lunes ante el Senado recomendaba procesar a los cinco cargos.

El informe aprobado por el Senado ha sido remitido a la Fiscalía de La Paz, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que deberán investigar y dar comienzo a los procesos judiciales.

En la sesión de este lunes, también se ha presentado un proyecto de resolución por la designación del actual procurador del Estado, Alberto Javier Morales, nombrado por Áñez, que ha provocado encontronazos entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El 21 de septiembre Áñez nombró a Morales, que hizo públicas acusaciones contra el ahora presidente electo de Bolivia, Luis Arce, su familia y exministros del Gobierno de Evo Morales, según recoge ‘El Deber’.

Por su parte, la Asamblea objetó su designación el 6 de octubre, tras lo cual Morales renunció tras asegurar que no tenía ningún conflicto de intereses con el Estado. No obstante, el 14 de octubre Áñez volvió a restituirlo en el caso, ante lo que este lunes la Asamblea ha vuelto a objetar su designación.

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A.E.

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