La Cámara de Senadores de Bolivia, cuya mayoría está conformada por miembros del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), ha aprobado este viernes la ley que garantiza la «plena» vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, también para los que se encuentran en el extranjero, tras las protestas que se sucedieron a raíz de las elecciones del 20 de octubre, que provocaron una crisis política en el país. La mesa de diálogo que se instauró tras las movilizaciones, que contaba con la participación del Gobierno, organizaciones sociales y legisladores, consensuó el proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos, además de para garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se hiciera por la vía constitucional y legal.
La iniciativa fue devuelta al Congreso de los Diputados, donde se aprobó el 6 de diciembre porque hubo modificaciones. El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez rechazó la ley y amenazó con no promulgarla cuando fue aprobada en el Congreso con el argumento de que implicaba «impunidad» para los exmiembros del Gobierno y dirigentes «vinculados con delitos».
En concreto, el artículo siete establece que «el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional», según ha recogido el diario local ‘La Razón’.
La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), ha explicado que la aprobación de la ley cumple con los acuerdos alcanzados en las negociaciones para pacificar el país.
«Es importante para nosotros dar cumplimiento a estos acuerdos en torno a poder garantizar (…) que no va a haber persecución política para nuestros dirigentes y liberar a las personas detenidas que no han tenido un debido proceso», ha indicado. «Es la solución para pacificar el país y que no haya más conflictos», ha zanjado.
Por su parte, los senadores de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) han abandonado la sesión y han considerado que la ley está «viciada».
«Nos hemos retirado de la sesión por el cambio de la orden del día porque el MAS intenta introducir una versión del proyecto de Garantías Constitucionales para ser analizada», ha expresado el senador Óscar Ortiz, ha informado el diario ‘Los Tiempos’.
Además, Ortiz, que ha avanzado que impugnarán la sesión, ha precisado que el proyecto de ley fue remitido por la propia Copa a tres ministerios para que éstos puedan realizar observaciones que no han sido consideradas aún.
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara «irregularidades» en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Denuncia que fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.
