El Gobierno de Colombia y el Fondo Multidonante de Naciones Unidas han firmado un convenio de cooperación de más de 11.000 millones de pesos (2,6 millones de euros) para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en el país.
En un comunicado de la Presidencia colombiana, las autoridades han explicado que el convenio, que «beneficiará a unas mil personas directamente y a más de 10.000 de forma indirecta», contará con la colaboración del Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados», ha señalado la coordinadora del organismo, Jessica Faieta.
La iniciativa estará financiara por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU y cuenta con el apoyo de países donantes «comprometidos con la paz en Colombia», ha detallado.
Tras el anuncio, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, ha manifestado que «el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó (noroeste), Catatumbo (nordeste) y el Pacífico nariñense (suroeste)».
Asimismo, ha destacado que este supone «una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de paz» en Colombia. Los municipios donde se ejecutará el proyecto son: Riosucio, Quibdó, San José del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen del Darién, en Chocó.
A finales de diciembre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que a lo largo de 2020 fueron asesinados 309 líderes sociales en Colombia, si bien 97 de estos homicidios se produjeron en el departamento de Cauca, que se ha convertido en uno de los territorios más hostiles para los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.
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