El presidente de Colombia, Iván Duque
La ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango Olmos, ha manifestado este lunes que muere más gente por el robo de teléfonos móviles que por defender los Derechos Humanos, días después de que se confirmaran nuevos asesinatos de líderes sociales en Antioquía, en el norte del país.
«Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de los Derechos Humanos», ha asegurado Olmos durante su presencia en la Mesa por la Protección de la Vida, celebrada en Putumayo, en el suroeste de Colombia, para abordar la situación de inseguridad a la que tienen que hacer frente líderes sociales y sindicales por todo el país.
La recién nombrada ministra del Interior ha insistido en «el interés» del Gobierno por proteger, no ya sólo a los líderes sociales, sino también al resto de ciudadanos colombianos.
Arango Olmos también ha hecho referencia a una de las últimas polémicas surgidas en el país, el informe de Naciones Unidas alertando de los excesos en los que la Policía colombiana podría haber incurrido, así como de la grave inseguridad a la que tienen que hacer frente amplios sectores de población del país.
Después de que algunos sectores afines al presidente Iván Duque llegaran incluso a proponer el cierre de la delegación de la ONU en Colombia, Olmos ha explicado que, si bien «no les incomoda la presencia» de Naciones Unidas puesto que «es necesaria», ha de «ser siempre neutral» e «imparcial».
«A nosotros no nos incomoda la presencia de la ONU, es necesaria en Colombia, en el mundo, pero tiene que ser siempre neutral, imparcial, tiene que basar los informes en hechos comprobados, con nombres propios», ha declarado, tal y como ha recogido el diario ‘El Espectador’.
En caso contrario, ha explicado, el Gobierno de Colombia y Naciones Unidas se mantendrían «en una discusión sobre si es verdad o mentira, en vez de comenzar a solucionar» estos problemas.
Según Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz con las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, 86 de ellos sólo en 2019, y 173 exguerrilleros, de los cuales 77 murieron el año pasado.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha precisado que en lo que va de 2020 al menos 51 líderes sociales y diez exguerrilleros de las FARC han sido asesinados.
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