La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez
El Gobierno de Bolivia ha insistido en su llamamiento a «reflexionar» sobre la decisión de la Asamblea Legislativa, controlada por la oposición del MAS del ex presidente Evo Morales, de fijar la fecha para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias el 6 de septiembre, por considerar que es «netamente política».
«Es algo que tenemos que reflexionar», dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, en una entrevista concedida el domingo por la noche a Bolivia TV que recoge la agencia de noticias oficial ABI.
«Yo creo que ha sido una fecha netamente política impuesta por el MAS, un cálculo que solo toma en cuenta sus intereses y ambiciones de volver al poder a como dé lugar, pero que menosprecia la preservación y la protección de la vida y la salud de los bolivianos», indicó.
La presidenta interina, Jeanine Áñez, promulgó finalmente la semana pasada la ley acordada por los partidos políticos en el Congreso para celebrar los comicios el 6 de septiembre, si bien responsabilizó a los candidatos opositores Luis Arce, del MAS, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, de un posible rebrote por la cita con las urnas.
El oficialismo de Áñez prefería postergar las elecciones generales, que estaban previstas para el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por la pandemia de coronavirus, que deja ya 31.524 casos y 1.014 muertes en Bolivia.
Durante el fin de semana, los partidos políticos han llegado a un nuevo acuerdo por el cual han decidido destinar los cerca de 35 millones de bolivianos (más de 4,5 millones de euros) asignados a la campaña electoral a la lucha contra el coronavirus.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ha indicado que ese dinero se utilizará para implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la votación.
En el exterior, Romero ha explicado que el proceso electoral tendrá que adaptarse a las medidas adoptadas por cada uno de los 31 países en los que los bolivianos están habilitados para votar. «Confiamos en que no existirán obstáculos insalvables», ha dicho.
Con estas elecciones generales, Bolivia aspira a zanjar la crisis política que estalló tras las del 20 de octubre por las «irregularidades» detectadas en las mismas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Morales dimitió y más de 30 personas murieron por los disturbios en las calles.
Romero ha reiterado que, para garantizar la transparencia de estas nuevas elecciones, tanto la OEA como la Unión Europea, además de la Asociación de Organismos Electorales de América Latina, entre otras, han expresado su deseo de enviar observadores.
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