Estados Unidos ha ofrecido este martes una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita el arresto y/o la condena del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, por participar «en el crimen organizado transnacional».
Además de la recompensa, enmarcada en el Programa de Crimen Organizado Transnacional estadounidense, Estados Unidos ha culpado a Moreno y a su mujer, Débora Sacha Menicucci Anzola, de «implicación en corrupción significativa».
En un comunicado, el Departamento de Estado precisa que Moreno, como presidente del TSJ venezolano, «ha recibido personalmente dinero o sobornos en propiedades para influir en el resultado de casos civiles y penales en Venezuela».
«Moreno recibió los sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a los jueces de tribunales inferiores que liberaran a acusados específicos o desestimaran casos particulares, en más de 20 procedimientos judiciales», ha continuado la agencia que encabeza el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
Asimismo, ha recordado que el presidente del TSJ de Venezuela fue acusado el 12 de marzo de 2020 en el distrito sur de Florida por delitos de «blanqueo de capitales asociados con el soborno».
«Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional en Venezuela», ha insistido el Departamento de Estado, al tiempo que ha asegurado que «continuará apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por una restauración pacífica de la democracia».
Por su parte, el presidente del TSJ de Venezuela se ha defendido de las acusaciones vertidas en su contra por parte de Estados Unidos y las ha calificado de «cobardes e infundadas». Así, ha ratificado su «compromiso y lealtad» con el país caribeño y su pueblo, al tiempo que ha reiterado su «autonomía» y la del Poder Judicial «ante cualquier pretensión injerencista que busque amedrentar y desviar el rumbo de la Administración de Justicia».
Para Moreno, las acusaciones estadounidenses «sólo fortalecen» su «deseo de seguir trabajando desde el TSJ para continuar ofreciendo un servicio eficiente y eficaz que garantiza el acceso a la Justicia y el debido proceso a los ciudadanos y ciudadanas del país».
«No es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano, en sus intentos torpes, desesperados, llenos de manipulaciones y mentiras, mediante los cuales buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela», ha dicho, según un comunicado difundido por el TSJ en Facebook.
«Pero no podrán lograrlo, porque la independencia y la soberanía de la patria no están en discusión. Reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo», ha zanjado.
EL GOBIERNO TAMBIÉN RECHAZA LAS «FALSAS» ACUSACIONES
El Gobierno de Venezuela también se ha pronunciado ante la acción de Estados Unidos y, mediante un comunicado difundido por el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, ha valorado que las acusaciones contra Moreno son «falsas».
Además, ha denunciado ante la comunidad internacional «la persecución obsesiva de la élite gobernante estadounidense contra el Gobierno y el pueblo venezolanos, fabricada sobre falsas premisas y acusaciones».
«El Estado venezolano hará respetar las leyes nacionales e internacionales», ha asegurado, al tiempo que ha concretado que esta nueva «agresión» se sumará al expediente que el país elevó ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el país norteamericano.
Los departamentos de Justicia y Estado estadounidenses anunciaron en marzo una recompensa de hasta 15 millones de dólares a cambio de cualquier información que permitiera «detener y/o procesar» al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de «narcoterrorismo».
Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra Maduro y altos cargos venezolanos por narcotráfico, corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Washington es el principal valedor de Juan Guaidó en la comunidad internacional, al que reconoce como «presidente encargado» de Venezuela. Guaidó, que se arrogó este cargo en enero de 2019, ha prometido desahuciar a Maduro de Miraflores para dar paso a una transición democrática.
