El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha considerado que hubo «graves violaciones» de Derechos Humanos entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, según el último informe anual de la organización, presentado este lunes. En total, han constado que 3.442 personas resultaron heridas en las protestas, principalmente por agentes de la Policía, contra los que se presentaron 588 querellas, 476 de ellas por tortura o trato cruel.
Además, se registraron 12 acciones por homicidio frustrado con 20 víctimas, así como acusaciones de 135 personas por tortura y vejaciones de connotación sexual.
El director del INDH, Sergio Micco, ha afirmado que el hilo conductor de todos estos hechos son «las graves violaciones a los Derechos Humanos».
También, ha sostenido que será tarea de los tribunales determinar «la verdad judicial», pero la responsabilidad del INDH es «denunciar cada vez que se produzca una violación o una vulneración a los Derechos Humanos».
En este sentido, ha subrayado que tras el estallido social «se han registrado múltiples y las más graves violaciones a los Derechos Humanos desde la vuelta a la democracia en Chile».
Micco ha destacado que un gran número de personas ha sufrido daños oculares por el uso de escopetas antidisturbios de Carabineros, además de subrayar las querellas por violencia sexual.
También, ha precisado que se han realizado múltiples ataques a la propiedad pública y privada y ha sostenido que el Estado ha faltado a su deber de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana.
INSTRUIR A CARABINEROS
En este contexto, el INDH ha realizado 15 recomendaciones a los poderes del Estado para poner fin a las graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas, que el Ministerio de Interior instruya a los Carabineros de Chile para que su actuación se ajuste a los estándares internacionales.
En la misma línea, ha asegurado que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo avancen en la modernización de las fuerzas de seguridad. También, ha recomendado al Poder Judicial que garantice un acceso rápido para determinar las responsabilidades penales.
Desde el Instituto han apostado por adoptar medidas concretas para reparar a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados y para que tengan un acceso prioritario y especializado.
Además, ha instado a los ministerios de Hacienda, Economía y Desarrollo Social a formular políticas públicas de apoyo a comerciantes, pequeños y medianos empresarios y trabajadores, que hayan visto afectado su trabajo por la violencia.
El INDH ha subrayado que ya recomendó a los poderes institucionales promover y proteger los Derechos Humanos, en especial de mujeres, personas de la tercera edad, con discapacidad y pueblos indígenas.
Por último, ha pedido al Estado que asegure «el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, de manera de disminuir la gran desigualdad derivada de aquellos que no han sido adecuadamente garantizados».
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