La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández
Kirchner se ha sentado en el banquillo como supuesta partícipe en una trama ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz, junto a más de una decena de acusados, aunque ella siempre ha defendido que es víctima de una persecución política.
La vicepresidenta ha explicado en una entrevista con el diario brasileño ‘Folha de Sao Paulo’ que el 7 de diciembre los periódicos llevarán en portada: «Cristina, condenada». Coincidirá con el aniversario de la puesta en marcha de una ley que, durante su Gobierno, pretendía combatir la acaparación de medios por parte de unos pocos empresarios.
De hecho, considera que su previsible condena será un «regalo» para el responsable del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, al que implica dentro de una trama política, mediática y judicial que, en su opinión, tienen por único fin desacreditarla políticamente.
La Fiscalía, a la que Kirchner también incluye dentro de esta supuesta conspiración, estima en 5.321 millones de pesos (unos 31 millones de euros al cambio actual) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
Kirchner ha afirmado que los jueces «puestos» por el expresidente Mauricio Macri le «protegen» a él y también a quienes intentaron asesinarla a principios de septiembre. Considera que sólo están entre rejas «los autores materiales» del ataque.
Quedarían por conocer, a su juicio, los «autores intelectuales». «Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos», ha señalado Kirchner, según extractos difundidos por la agencia de noticias Télam.
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