Citados a declarar por un posible delito de dolo los dos agentes implicados en la muerte de Ordóñez

La Procuraduría General de Colombia ha citado este miércoles a declarar por un posible «delito a título de dolo» a los dos agentes que sometieron a descargas eléctricas a Javier Ordóñez, un abogado de 42 años, que poco después moría como consecuencia de los golpes que recibió en dependencias policiales.

Harby Rodríguez Días y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes habían sido apartados de la Policía después de que el suceso se hiciera público a través de un vídeo por redes sociales, tendrán que acudir a declarar el primero de octubre para responder de manera disciplinaria por las conductas «gravísimas a título de dolo» que habrían significado la muerte del abogado.

Aunque el pasado viernes, tal y como apunta el diario ‘El Espectador’, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, citó a estas dos personas para declarar, la Procuraduría ha exigido sus competencias para llevar a cabo las investigaciones, «tras asumir por poder preferente el proceso que adelantaba la Inspección General de la Policía».

«A juicio de la Procuraduría, los disciplinados presuntamente incurrieron en conductas descritas en el Código Penal como delitos a título de dolo: abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio», ha explicado el ente público.

En caso de que ambos agentes sean hallados culpables en esta investigación disciplinaria serán destituidos de manera definitiva, mientras que se podrían enfrentar también a penas de prisión si la investigación que adelanta la Fiscalía contra ellos establece que también fueron responsables directos de la muerte de Ordóñez.

Se cumple una semana desde el abuso policial contra Ordoñez, quien al parecer se habría negado a acatar las ordenes de bioseguridad impuestas por el Gobierno por la crisis del coronavirus cuando fue requerido por los agentes.

Su muerte provocó una ola de indignación en todo el país, convocándose jornadas de protestas y movilizaciones en las principales ciudades colombianas, en especial en Bogotá, que acabaron derivando en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dejaron a su paso una decena de fallecidos y más de 300 heridos.

El caso ha pasado esta semana también a manos de la Fiscalía, que llevará a cabo una investigación penal no sólo contra estos dos agentes, sino contra otros cinco más que estuvieron presentes durante los golpes que Ordoñez recibió en un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, después de que la Justicia Militar justificara que «las presuntas conductas delictivas investigadas no tienen relación con el servicio».

A raíz de la muerte de Ordóñez, algunas autoridades han solicitado una reforma de la Policía, entre ellas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se ha mostrado muy crítica con la labor del Gobierno del presidente, Iván Duque, y ha abogado por desmilitarizar los cuerpos policiales para que su labor quede «consagrada en la Constitución como un organismo civil».

Este miércoles también se ha manifestado sobre este asunto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostrando «su enfática condena frente a los hechos de brutalidad y abuso policial sucedidos el 8, 9 y 10 de septiembre», y «su preocupación por la presunta utilización de armas de fuego por parte de los agentes».

El organismo ha dicho además que «toma nota» de los avances de las investigaciones sobre la muerte de los agentes responsables de la muerte de Ordóñez mientras estaba bajo custodia y ha recordado que «los casos de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en perjuicio de personas civiles deberán ser juzgados exclusivamente por el sistema de justicia civil».

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