Jeanine Áñez
El Gobierno de Bolivia ha dado marcha atrás este jueves y ha derogado el decreto que autorizaba sanciones penales por difundir información que «genere incertidumbre en la población» durante la pandemia del coronavirus.
Así lo ha hecho mediante un Decreto Supremo, el 4236, ha informado el Ministerio de la Presidencia boliviana a través de la red social Facebook.
En concreto, en su único artículo, señala que, además de la disposición en cuestión del decreto 4231, también quedan anulados dos párrafos de otros dos decretos, el 4200 y el 4199, ambos de marzo de este año y con un contenido similar.
La Misión Permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para comunicar la decisión a través de una carta.
«El Gobierno de Bolivia, en atención a ciertas inquietudes respecto a la interpretación de los decretos promulgados en el marco de la Emergencia Nacional y Declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus, a la luz del respeto a la libertad de expresión, ha procedido a la derogatoria», ha indicado en la misiva, difundida en la red social Twitter.
En concreto, el Decreto Supremo 4231 del 7 de mayo castigaba con el Código Penal a quienes «difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población».
CRÍTICAS
Han sido varias las críticas vertidas contra la normativa. La misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la nación andina instó este miércoles al Ejecutivo a «modificar» el decreto.
Previamente, La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y, en concreto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), expresaron su rechazo a la norma. Políticos bolivianos también la censuraron.
A nivel internacional también se pronunciaron negativamente ante esta situación la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera alejado de la ley el «uso del derecho penal para expresiones de interés público», o la ONG Human Rights Watch (HRW).
La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha adoptado una postura dura para combatir el coronavirus, lo cual incluye una cuarentena nacional que comenzó a relajarse el lunes en función de la incidencia del virus en cada territorio. Hasta el momento, Bolivia ha confirmado más de 3.000 casos de coronavirus y las muertes superan las 140.
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