Petróleo
El próximo lunes la cultura uruguaya celebra, como todos los años, a Iemanjá —reina de los orixás africanos y protectora de los mares—, aunque el océano responderá las ofrendas con un convidado de piedra: el primero de los buques que llegarán a estas costas en busca de petróleo, y que será recibido con otra movilización en repudio.
Se espera que entre el mismo lunes o el martes llegue al puerto de Montevideo el buque BGP Prospector, de bandera bahameña, y su tripulación presente ante las autoridades uruguayas su plan de navegación para prospección sísmica, que se sumará al plan de gestión ambiental ya presentado al Ejecutivo.
El buque BGP Prospector iniciará los trámites formales para realizar prospección sísmica en aguas uruguayas tras su llegada al puerto de Montevideo
Según informó la empresa CGG al Gobierno uruguayo, prospectará unos 2.500 km2 del bloque off 1, asignado por contrato entre la estatal de hidrocarburos ANCAP y la empresa estadounidense Chevron.
El mismo sería entre 100 y 150 kilómetros de la costa —en profundidades entre 50 y 1.000 metros— y en la primera etapa durará 60 días, entre marzo y abril. Luego habría una pausa hasta noviembre, para evitar colusiones con la temporada de mayor actividad de pesca industrial.
El lunes también termina en Uruguay la feria judicial, la arena en la que se puede empantanar la prospección sísmica y “reformular” las cosas, según confiaron a la Agencia Sputnik fuentes del Ejecutivo.
La finalización de la feria judicial reactiva una causa que podría frenar la exploración petrolera mediante una medida cautelar
A mediados de noviembre de 2025, el abogado uruguayo Pedro Riera presentó una medida cautelar de no innovar, en representación del colectivo Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (SoCoBioMa) y la Asamblea Mar Libre de Petroleras.
“Buscamos detener toda actividad relacionada a los contratos que ANCAP tiene firmados hasta que el juez pueda pronunciarse si estos contratos son nulos o son válidos”, afirmó el letrado a esta agencia.
Luego de moverse durante la feria judicial, el recurso cayó en el juez letrado civil de octavo turno en esta capital, Federico Tobía, quien deberá decidir si convoca a audiencia.
La querella sostiene que los contratos son nulos “por disfuncionalidad sociambiental”, al contravenir normativa ambiental, como el artículo 47 de la Constitución, la ley de protección del medio ambiente, y la ley 19.128, que declara santuario de ballenas y delfines al mar territorial y la zona económica exclusiva uruguaya, donde se van desarrollar estas actividades.
Los demandantes alegan que la exploración vulnera normas constitucionales y leyes que protegen la biodiversidad marina
La porción uruguaya de océano Atlántico es una zona rica en merluza común (Merluccius hubbsi), anchoíta (Engraulis anchoita) y calamar.
Riera considera “que hay argumentos de sobra para otorgar esta medida cautelar”, aunque advierte que, como tal, “no resuelve el fondo, no resuelve si los contratos son nulos” y que existe “un peligro en la demora inminente”.
“Si la prospección sísmica empieza en febrero o marzo, hay una situación inminente que hay que acoger o no la medida cautelar”, determina.
El Ministerio de Ambiente, por su parte, ya capacita a los técnicos que abordarán los buques exploradores, quienes estarán listos en marzo, fecha propuesta por la compañía para el inicio de operación, según se desprende del plan de gestión ambiental presentado al Gobierno uruguayo, que se expedirá sobre el asunto con mayor detalle a lo largo de febrero.
La demora de un mes depende de la aprobación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), que igual puede darse antes de ese plazo.
En diciembre, el Gobierno uruguayo concedió a cuatro empresas extranjeras los permisos para explorar un área total de 44.182 km2 de su lecho marino en búsqueda de hidrocarburos, lo que generó el rechazo de diversas organizaciones civiles.
Cuatro compañías extranjeras explorarán una amplia zona del mar uruguayo bajo estrictas condiciones ambientales
APA Exploration (de EEUU), CGG (de Francia), Searcher Geo Data (Reino Unido) y PGS (Noruega) se repartirán una buena porción del mar territorial uruguayo, que en su totalidad abarca una superficie aproximada a los 142.000 km2.
Las firmas aseguran que estas áreas podrían albergar recursos hidrocarburíferos por ser espejo de la cuenca Orange, que se halla en el margen africano, en Namibia, donde ya se ha descubierto petróleo y gas.
La cartera ambiental del Gobierno uruguayo asegura que no existen riesgos ambientales significativos en las operaciones de exploración, y estableció condiciones.
La prospección sísmica podrá realizarse únicamente en el período comprendido entre noviembre y abril; y los buques sísmicos deberán mantener una distancia mínima de 100 km entre sí.
No se podrán activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos (focas, lobos, leones y elefantes marinos) en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido, y deberán apagarse inmediatamente ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 metros y de 600 metros para tortugas y pinnípedos.
Además, las firmas deberán compensar económicamente a las empresas con permisos de pesca que hagan uso frecuente del área de influencia del proyecto y que efectivamente demuestren una afectación a su actividad por pérdida de captura, por desplazamiento de buque o por desplazamiento o daño de arte de pesca.
La ley de hidrocarburos de Uruguay, sancionada en abril de 1974, declara “de interés nacional” todas las actividades comprendidas en la industria, “incluyendo las fases de exploración”.
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