Apenas habían pisado el aula cuando el Gobierno argentino decretó la suspensión de clases presenciales en todo el territorio ante el temor de que avanzara la pandemia del covid-19.
Era mediados de marzo y recién había comenzado el ciclo lectivo para los casi 11,5 millones de estudiantes que en Argentina asisten a educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria.
El Gobierno planteó en un inicio el cierre de los colegios por quince días, pero la interrupción de las clases presenciales fue prorrogada sucesivamente durante las quincenas siguientes. Y así pasaron los meses.
El ciclo lectivo que en este país austral se desarrolla entre marzo y diciembre está ahora por llegar a su fin cuando solo un 1 por ciento de los estudiantes están habilitados a concurrir a clases presenciales, según confirmó a Sputnik el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
«El cierre de las escuelas se planteó primero como algo provisorio, luego se extendió en el tiempo y mientras se iba dilatando, no se pensaba en la vuelta a la presencialidad: la única variable era que hubiera nula o baja circulación del virus, cosa que sabíamos no iba a pasar». Así lo resume en diálogo con esta agencia María José Navajas, integrante de Padres Organizados.
Este colectivo de progenitores demanda la declaración de la emergencia educativa y un planificación concreta y gradual de regreso a las aulas.
Navajas, investigadora de Historia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), recuerda que el único escenario por el que las autoridades vislumbraron la posibilidad de retomar las clases presenciales era la disponibilidad de una vacuna.
Pero estaba claro que ningún antídoto estaría disponible antes de que finalizase el año escolar. «Ése detonante fue el que nos llevó a escribir en septiembre una carta que cuenta ya con más de 6.000 adhesiones», indica cuenta esta madre, que tiene dos hijos en edad escolar.
Ninguna autoridad se ha contactado hasta el momento con Padres Organizados, quienes se movilizan a través de las redes sociales. «Todos los actores administrativos y políticos que se deberían mover para decidir la vuelta a clases no han tenido la mejor voluntad», afirma Navajas.
En una nación donde los sindicatos tienen capacidad para marcar la agenda política, los gremios han sido responsabilizados por no impulsar el regreso a las aulas.
«Algunos, como los asociados a las escuelas técnicas, han manifestado la necesidad de volver,», matiza Navajas. «Pero la mayoría han tenido una posición dura bajo el argumento de que las clases virtuales sustituyen bastante bien la presencialidad, algo con lo que discrepamos nosotros y muchos especialistas en educación».
IMPACTO DEL DESCONOCIMIENTO
El 90 por ciento de las escuelas argentinas tiene contacto con sus alumnos, pero solo la mitad lo hace a diario, según un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación, una plataforma apartidaria que reúne a decenas de referentes educativos.
Una de cada dos familias carece de un acceso adecuado a Internet para la realización de tareas escolares, y el 85 por ciento de los alumnos no han tenido exámenes a lo largo de este año. Por eso seis de cada diez familias creen que sus hijos están perdiendo conocimientos esenciales, de acuerdo a otro de los informes realizados por el Observatorio.
Todavía no hay estimaciones sobre el déficit de aprendizaje o el impacto en la salud emocional que tendrán los estudiantes en Argentina. El investigador Agustín Claus, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), calcula no obstante que la deserción escolar en 2021 podría alcanzar al menos a 1,5 millones de alumnos.
De esta situación se salvarán en mayor medida los alumnos pertenecientes a familias de clase media y alta, pues no solo cuentan con los recursos tecnológicos necesarios, sino con un acompañamiento familiar que sobre todo ha recaído en las madres, de acuerdo al director del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), Gustavo Iaies.
«La carga para las mujeres dentro de los hogares ha sido tremenda», reconoce Navajas. «Tuvieron que dejar de lado cualquier otra tarea y se centraron en la función de educadoras, pero esto lo pudo hacer una minoría. En el corto y mediano plazo esta situación ahondará las brechas sociales, de género y educativas que tiene Argentina y que perjudican a los más vulnerables».
APERTURA PROGRESIVA
En la actualidad el 43 por ciento de los estudiantes, pertenecientes a trece de los 24 distritos de Argentina, están autorizados a concurrir a algún tipo de actividad presencial educativa o de revinculación con las escuelas, según la Cippec.
En la capital se instauró un programa paulatino de acercamiento voluntario a las escuelas que abarca todos los ciclos educativos. El plan es «bastante conservador y acotado, sobre todo si lo comparamos con los países europeos», describe Navajas. «Nuestra expectativa es que para el próximo año se involucre a todos los chicos con una presencialidad más completa: si no se puede 100 por ciento, que por lo menos haya un régimen mixto y que se priorice a los más pequeños, porque son los grupos que más lo necesitan».
La comunidad educativa se consuela con que en 2021 las clases comiencen un par de semanas antes. Puede que hasta se añada alguna hora lectiva extra, aventuran las autoridades en un país en el que falta apenas un mes para que concluya el ciclo lectivo que nunca empezó.
