Minería a cielo abierto
La lucha contra la minería ilegal en Perú se intensifica tras la masacre de 13 personas en Pataz, una de las zonas más violentas del país. El Gobierno respondió con un nuevo operativo militar-policial que busca desmantelar las redes criminales que controlan parte de la extracción de oro en esta región.
Según el Ministerio de Defensa, el operativo denominado “Relámpago I” logró infligir un daño económico superior a los 228.000 dólares (más de 800.000 soles) a las mafias que explotan ilegalmente los recursos del Estado. Estas redes, con alto poder de fuego y estructura militarizada, se han convertido en una amenaza creciente para la seguridad en la sierra norte del país.
El Comando Unificado Pataz, compuesto por efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, ejecutó la acción en distintas zonas mineras sin autorización, donde procedieron a la interdicción de bocaminas ilegales y al decomiso de maquinaria y armamento.
Uno de los hallazgos clave fue un arma de fuego en las instalaciones intervenidas, lo que, según Defensa, “confirma el grado de violencia y peligrosidad con que actúan estas organizaciones”.
Pataz, en el departamento de La Libertad, está considerada como una de las regiones más afectadas por la expansión de la minería ilegal. El pasado 4 de mayo, las autoridades hallaron los cuerpos de 13 trabajadores asesinados por presuntos sicarios vinculados a estas mafias, en el interior de un socavón de una mina legal.
Las víctimas se dedicaban a brindar seguridad privada en una concesión formal. El crimen dejó en evidencia la disputa territorial entre bandas que buscan controlar la extracción y comercialización del oro en esta zona rica en minerales, pero también en violencia.
En respuesta a esta masacre, el Gobierno decretó el estado de emergencia en Pataz, con un toque de queda vigente desde las 22:00 hasta las 5:00 horas.
“Estamos actuando de forma decidida para recuperar el control del territorio”, señaló el Ministerio de Defensa en su comunicado, que enfatiza la necesidad de frenar el avance del crimen organizado vinculado a actividades extractivas ilegales.
Los operativos seguirán ejecutándose bajo la figura del Comando Unificado, que permitirá continuar con acciones simultáneas de interdicción, patrullaje y captura de responsables.
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