Excavadora en una mina
En medio de un tenso clima social y bloqueos en distintas regiones, el Gobierno peruano ha encendido las alarmas ante el crecimiento exponencial de la minería ilegal, un negocio que, según las autoridades, mueve siete veces más dinero que el narcotráfico. La situación ha generado preocupación por el impacto medioambiental, la seguridad interna y el debilitamiento del Estado de derecho.
El canciller Elmer Schialer declaró este viernes en la emisora RPP que la minería ilegal se ha convertido en una estructura económica de enorme poder en Perú, con una capacidad de movilización y desestabilización que supera incluso a la del narcotráfico. Esta actividad delictiva estaría financiando protestas en diversas regiones del país, donde bloqueos de carreteras están afectando el transporte de alimentos y productos esenciales.
“Vamos a reimponer el principio de autoridad”, afirmó Schialer, al tiempo que anunció sanciones contra los dirigentes responsables de las movilizaciones
El canciller denunció que los manifestantes estarían recibiendo hasta 120 soles diarios (33 dólares) para mantener los bloqueos, lo que evidencia un financiamiento irregular. Afirmó que este dinero proviene de intereses ligados a la minería ilegal, cuyo objetivo es “desestabilizar” al país y mantener zonas de impunidad.
Estas protestas surgieron tras el anuncio del Gobierno sobre el cierre del registro estatal de mineros informales, una medida destinada a cortar el flujo de actividades que no cumplen con los estándares legales ni ambientales.
Uno de los focos de preocupación es la región amazónica de Madre de Dios, donde las dragas utilizadas para extraer oro con mercurio causan una profunda degradación ambiental. Según el diario El Comercio, una sola draga puede extraer hasta 7 kilos de oro al año, generando ingresos que rondan los 690.000 dólares anuales.
El uso de mercurio para separar el oro de los sedimentos contamina ríos y suelos, afectando tanto a comunidades indígenas como a la biodiversidad de zonas protegidas.
El auge del oro en el mercado internacional ha incentivado la expansión de esta actividad ilegal, que también ha sido asociada al incremento de la criminalidad en las zonas mineras
El Gobierno de Perú ha reiterado su intención de formalizar el sector minero y restaurar el principio de autoridad, priorizando el diálogo con quienes respeten la ley y aplicando medidas legales contra quienes promuevan el desorden público.
El desafío va más allá del control territorial: implica desarticular una red económica que genera millones de dólares al margen de la ley y que representa una amenaza directa para el desarrollo sostenible y la paz social.
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