La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos. - EL COMERCIO / ZUMA PRESS
Para Ávalos, esta iniciativa es contraria a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y por ello la Fiscalía ya mostró en su momento su rechazo y ha lamentado que la comisión del Congreso no solo no escuchara su valoración, sino tampoco la del Poder Judicial y la del Ministerio de Justicia.
Los críticos, entre ellos el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, sostienen que esta reforma desalentaría a quienes aspiren a colaborar en una investigación en curso a cambio de beneficios judiciales, con castigos de cárcel incluso para aquellos funcionarios públicos que revelen el contenido de estos testimonios y a los periodistas que los difundan.
«La colaboración eficaz es una herramienta fundamental para investigar el crimen organizado y los delitos graves, porque permite destruirlo desde dentro con medidas disuasivas o de recompensas. De aprobarse su modificación, favorecería la impunidad», ha remarcado Ávalos en un comunicado del que se ha hecho eco el periódico peruano ‘La República’.
Uno de los puntos más controvertidos del texto es el artículo que contempla penas de entre cinco y siete años de cárcel para aquellos funcionarios públicos –fiscales, jueces, procuradores– que filtren a los medios de comunicación el contenido de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores.
El proyecto salió adelante hace ahora un mes por once votos a favor, entre los cuales estaban los del oficialista Perú Libre y el de la oposición representada por Fuerza Popular. Los líderes de ambas formaciones, Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, respectivamente, se verían beneficiados con este texto.
Cerrón se enfrenta a una investigación de la Fiscalía por supuestamente liderar una organización criminal conocida como ‘Los Dinámicos del Centro’, la cual habría emitido licencias y permisos de conducir de manera irregular a cambio de dinero, mientras que Fujimori es investigada por blanqueo y supuesta financiación irregular de su campaña presidencial de 2011.
Entre los diputados de Perú Libre que aprobaron esta medida está el hermano de Cerrón, Waldemar Cerrón y el exprimer ministro Guido Bellido. Ambos, también están siendo investigados por su supuesta implicación con ‘Los Dinámicos del Centro’.
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