Libertad de Prensa
En medio de un contexto marcado por el autoritarismo discursivo y el desprestigio de la prensa en América Latina, Perú se ha convertido en uno de los focos de preocupación para organismos internacionales. La SIP ha reiterado su advertencia sobre un deterioro sistemático de la libertad de prensa, impulsado por funcionarios del gobierno, alcaldes y empresarios que buscan silenciar a voces críticas e investigaciones incómodas.
La SIP citó como ejemplos las situaciones que enfrentan Rosmery Tapara y René Gastelumendi. Tapara, periodista de La República, fue víctima de amenazas, hackeo y bloqueo telefónico tras publicar una investigación sobre el empresario Aniceto Argüelles, dueño de una de las principales contratistas de recolección de residuos en Lima, quien presuntamente sobornó a un juez para obtener un fallo favorable.
Por su parte, Gastelumendi habría recibido amenazas de muerte luego de escribir una columna donde criticó al alcalde de Ate, Franco Vidal, por utilizar redes sociales municipales con fines de autopromoción política.
La SIP ha calificado estos hechos como parte de un “asedio criminal” contra la prensa libre e independiente en Perú
Otros periodistas reconocidos como Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios y Paola Ugaz también enfrentan campañas de difamación y procesos judiciales que buscan intimidar y censurar el periodismo de investigación.
La organización también criticó la actitud de las autoridades, en especial del Despacho Presidencial, que recientemente acusó a la prensa de distorsionar la realidad tras la difusión de investigaciones sobre el incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte. Reportajes como los publicados por El Comercio fueron desacreditados oficialmente, en lo que la SIP considera un intento de desinformación estatal.
La SIP también denunció al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como “uno de los principales referentes de la estigmatización contra los medios”. Según la organización, el político realiza acusaciones sin pruebas y ataques personales contra cualquier periodista que cuestione su gestión.
Estas acciones consolidan un entorno de censura indirecta y autocensura, al hacer que los medios teman represalias legales o personales por investigar y difundir información de interés público.
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