Deliveries en Perú, el empleo de los migrantes

Alejandra Dinegro es socióloga por la Universidad de San Marcos, tiene una maestría en Política Social y es fundadora del Observatorio de Plataformas, un colectivo interdisciplinario dedicado al estudio de esta forma de empleo.

Este mes, el Observatorio de Plataformas editó el libro «Delivery y Empleo: Diagnóstico Sobre las Condiciones Laborales en las Plataformas Digitales, Caso Lima, Perú».

Se trata del primer estudio detallado que se hace del trabajo por delivery a través de plataformas digitales o aplicaciones, tomando como referencia la capital, Lima, ciudad donde reside un tercio (11 millones de habitantes) de la población total de Perú (33 millones de habitantes).

Dinegro explicó que para realizar el estudio que contiene el libro se tomó una muestra estadística de 500 personas dedicadas al delivery, las cuales emplean mayormente motocicletas para desarrollar su labor.

MAYORÍA VENEZOLANA

En ese universo, se concluyó que el 80 por ciento de los repartidores son migrantes venezolanos, seguidos por poco menos de 20 por ciento de peruanos y un porcentaje pequeño de ciudadanos colombianos, por lo que es posible concluir que es un trabajo desempeñado principalmente por extranjeros.

La socióloga señaló que esto precariza el empleo porque los entrevistados reportaron problemas frecuentes de xenofobia, hostigamiento o robos de sus vehículos en las zonas peligrosas de la capital peruana.

Si bien la normativa prevé mecanismos para castigar estos delitos, en general no son aplicados, ya que en la mayoría de casos las denuncias no son atendidas por la Policía, incluso las de robo.

Por esta razón, los migrantes suelen desistir de apelar a los mecanismos legales pues, afirmó Dinegro, la autoridad suele indagar primero por la nacionalidad del denunciante, lo que ya anuncia un trato discriminatorio.

Por otro lado, independientemente de la nacionalidad del trabajador, las aplicaciones, cuyo número es difícil de precisar entre empresas extranjeras (Rappi, Pedidos Ya) y locales (Fazil, Urbaner, etcétera), carecen de una legislación que regule sus operaciones.

«Tenemos vacíos inmensos en el tema de plataformas, no sólo en normativa laboral sino en lo que refiere a normativa fiscal y tributaria. El vacío más fuerte es el laboral, hay una serie de proyectos en el Congreso para regular las actividades de las empresas por aplicaciones, pero ninguno aprobado. El Ministerio de Trabajo tampoco tiene un protocolo ad hoc para establecer un mecanismo sobre seguridad y salud en el trabajo de delivery», sostuvo Dinegro.

Esta falta de normativa agrava la precariedad del trabajo de delivery por lo que la especialista denomina un «sistema unilateral de empleo».

«Los trabajadores desconocen si tienen un vínculo laboral con las empresas. Solo reciben órdenes de una plataforma de manera unilateral y eso evidencia un poder de dirección, y además son calificados y clasificados a través de un sistema de puntuación mensual, también de manera unilateral, sin derecho a réplica», afirmó la socióloga.

DESAMPARO EN PANDEMIA

Fuera de la muestra estadística que tomó el Observatorio de Plataformas, se calcula que en Perú hay cerca de 94.000 personas dedicadas al delivery, un trabajo que se ha convertido en una suerte de «seguro de desempleo» en tiempos de pandemia, pues es fácil acceder a él en caso de haber perdido el empleo previo a la crisis del covid-19.

Sin embargo, este «seguro» plantea muchas inseguridades. El 72 por ciento de los encuestados afirmó que las empresas no les brindan recursos suficientes para realizar su trabajo en pandemia, por lo que ellos mismos deben comprar sus implementos de bioseguridad (alcohol, mascarillas, guantes quirúrgicos), además de no contar con ningún seguro en caso de sufrir un accidente durante el trabajo.

Por otro lado, Dinegro apuntó que los trabajadores por delivery, contrariamente a lo que les ofrecen las aplicaciones, «son falsos autónomos porque en realidad no tienen ningún tipo de desarrollo empresarial dentro de las plataformas digitales, y a pesar de que aportan mano de obra, no son emprendedores».

Un repartidor en Perú gana en promedio entre 1.400 y 1.600 soles mensuales (entre 368 y 421 dólares), poco más de un salario mínimo, que en este momento es de 930 soles (253 dólares), montos que son insuficientes para cubrir algo más allá de necesidades muy básicas.

Esta situación que se agrava porque no hay ninguna norma que obligue a las empresas por aplicaciones a informar sobre sus operaciones.

El vacío normativo es muy notorio y, a decir de Dinegro, es urgente definir un marco legal que regule a las empresas y otorgue a los trabajadores los derechos esenciales para ejercer sus labores con dignidad, sean ellos extranjeros o no.

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