La imagen representa la lucha de las mujeres en Colombia contra la ablación femenina.
En Colombia la mutilación genital femenina todavía sigue practicándose en silencio, en los primeros años de vida de las niñas, lejos de hospitales y fuera de la mirada institucional.
La práctica vuelve a los titulares solo cuando ocurre una infección grave o la muerte de una menor.
Por esta razón congresistas, lideresas indígenas, defensoras de Derechos Humanos y víctimas promueven en el Congreso una ley para acabar esta práctica.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y espera su trámite final en el Senado. Pero los legisladores tienen que tratarlo antes del 20 de junio, de lo contrario quedará descartado.
En ese caso, habría que presentar a partir de marzo de 2027, cuando comenzará la próxima legislatura, un proyecto nuevo que recorra todo el tortuoso camino burocrático ya transitado.
La representante Jenifer Pedraza del partido Dignidad (centro), una de las ponentes de la iniciativa, resume el momento con una frase que refleja la incertidumbre política: el proyecto está «en cuidados intensivos».
A su juicio, el Congreso no ha dimensionado la urgencia del tema pese a tratarse de una práctica que afecta principalmente a niñas pequeñas.
«No sé por qué la Comisión Primera no le ha dado debate, siendo un asunto urgente», afirmó en una conversación con la Agencia Sputnik.
En América Latina, Colombia es el único país donde el Estado ha reconocido la existencia de este tipo de prácticas. Los casos identificados se concentran principalmente en comunidades del pueblo Emberá, aunque autoridades y expertos coinciden en que existe un fuerte subregistro e incluso hay casos en Bogotá y otras ciudades fuera de los pueblos originarios.
Laura Andrea Daza Ocampo, integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y perteneciente a un pueblo indígena, comparte la preocupación, ya que reiniciar el trámite implicaría repetir consultas previas y volver a concertar el texto con comunidades en múltiples territorios, un proceso que podría tomar más de un año.
«Hay territorios muy remotos donde una intervención de pocos días no es suficiente para desmontar una práctica de más de 400 años», advirtió
La mutilación genital femenina (MGF) se define internacionalmente como cualquier procedimiento no médico que implique la resección parcial o total de los genitales externos femeninos o cualquier lesión de los órganos genitales femeninos.
El Instituto Nacional de Salud reportó 89 casos entre enero y noviembre de 2023, con alta concentración en municipios como Pueblo Rico y Bagadó, en el oeste del país. Datos acumulados del sistema SIVIGILA citados por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) elevan la cifra a 216 casos registrados desde 2020 hasta febrero de 2026.
La discusión sobre la ablación no nació en Bogotá, pues desde hace más de una década, organizaciones indígenas han emitido mandatos internos buscando eliminar la práctica y redefinirla como una expresión contraria a la protección de la vida.
Daza explica que el cambio no ha sido inmediato ni sencillo.
«Ese diálogo no se marca desde el «por qué se hace la práctica», sino desde la comprensión del contexto histórico», afirmó a esta agencia.
Según la lideresa, entender los orígenes y el significado que tuvo en el pasado es fundamental para transformarla sin generar rechazo o clandestinidad.
«El proyecto es la suma de muchas acciones que ya venía realizando el movimiento indígena para erradicar la práctica», explicó.
Sobre el origen de la práctica en Colombia no existe una versión única, pero Daza explica que dentro de los relatos históricos circulan al menos dos hipótesis: una que la vincula con la influencia de monjas lauritas durante la colonia para evitar violaciones y otra que apunta a posibles influencias culturales africanas llegadas con la esclavitud.
De acuerdo con la líder, durante mucho tiempo la práctica fue entendida como una forma de cuidado y no como una agresión.
«En su momento ese era el objetivo y por eso se practicó durante muchos años», afirma
Daza recuerda que hay resoluciones internas y decisiones comunitarias que desde 2009 han planteado abandonar la ablación bajo la idea de que «la cultura genera vida y no muerte».
Tanto para Daza como para Pedraza, el liderazgo femenino ha sido decisivo. Las parteras y mujeres mayores – tradicionalmente asociadas con la práctica – han empezado a participar en procesos pedagógicos y de reflexión comunitaria.
«Muchas ya están a favor de erradicarla, pero los liderazgos propios son vitales», afirmó Daza.
Cuando el tema llegó al Congreso en 2024, tras el testimonio público de lideresas Emberá, la discusión tomó otra dimensión: cómo convertir un proceso cultural en política pública.
Pedraza aseguró que el mayor problema ha sido la falta de continuidad estatal.
Para la congresista, las comunidades han quedado solas frente a la transformación de una práctica compleja. «Durante algunos gobiernos se destinaron recursos, pero después dejaron a las mujeres abandonadas», afirmó.
«El Estado solo aparece cuando una niña fallece o cuando el caso ya es una emergencia grave», denunció.
Pedraza insiste en que el proyecto no busca imponer una visión externa, sino respaldar procesos comunitarios ya existentes.
«Si las mujeres Emberá sienten que esta es una lucha contra su cultura, lo que va a pasar es que la mutilación seguirá ocurriendo de manera invisible», advirtió.
Esa idea explica por qué el texto legislativo evita un enfoque puramente penal, pues tipificar la práctica como delito fue un debate difícil.
Según Daza, muchas personas dentro de las comunidades actuaron creyendo que protegían a las niñas, por lo que la criminalización podría generar miedo y dificultar que las familias busquen atención médica.
«La atención debe abordarse desde la prevención y la educación intercultural, no únicamente desde la penalización», señaló
Mientras el Congreso decide, en los territorios el cambio avanza de forma silenciosa. Mujeres indígenas organizan círculos de conversación sobre el cuerpo, el parto y la salud sexual. Algunas parteras, antes encargadas del procedimiento, ahora ayudan a prevenirlo.
Sin embargo, el desafío es sostener el proceso en el tiempo.
«Los proyectos son pequeños, duran pocos meses y no hay financiación continua», señala Daza. Para ella, la ausencia estatal es el mayor riesgo, pues no hay acompañamiento y la transformación queda limitada al esfuerzo personal de las mujeres.
Si la ley se aprueba, Colombia enfrentará el reto de convertir el cambio cultural en una política pública con presencia real en territorios históricamente olvidados.
Si se hunde, el país podría perder no solo años legislativos, sino la confianza construida por lideresas indígenas y comunidades que han abierto una conversación profundamente sensible dentro de sus comunidades.
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