LAS TRANSICIONES SON PROCESOS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA. Hace unos cuatro años, acuñamos en esta columna una frase de relativo éxito. Decíamos que “Venezuela es un raro caso, en el cual resulta posible ocuparse de la Economía Política sin prestar atención a la política económica”. Eso retrataba –aún lo hace- el manejo económico del régimen. Pero, el énfasis en la Economía Política también retrata otras realidades transicionales. LAS TRANSICIONES SON PROCESOS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA. Hace unos cuatro años, acuñamos en esta columna una frase de relativo éxito. Decíamos que “Venezuela es un raro caso, en el cual resulta posible ocuparse de la Economía Política sin prestar atención a la política económica”. Eso retrataba –aún lo hace- el manejo económico del régimen. Pero, el énfasis en la Economía Política también retrata otras realidades transicionales.
Pues, de referirme –como lo hago en esta serie- a una eventual transición democrática, tengo que decir que también en ella estamos obligados a inspirarnos en esa disciplina. La Economía Constitucional, el Neoinstitucionalismo, la Economía Transicional y otras aproximaciones que ponen el énfasis en las reglas, y los procesos y condiciones que las permiten, son sin duda relevantes. Las transiciones son, como decíamos en reciente artículo, “la reconstrucción y búsqueda de optimización de los “acuerdos” o configuraciones de poder en y alrededor del Estado”. Expresan, de modo claro, procesos de la Economía Política.
Es una definición fuerte, exigente. En términos clásicos, en las ideas precursoras de Rustow, en una transición a la democracia lo más importante es el consenso de las élites sobre nuevas reglas del juego basadas en el ideal democrático. Dos contenidos precisos: no cualquier mayoría; tampoco cualquier régimen. Es aproximación a la unanimidad –o consensos de calidad- y a uno cualquiera de los modelos de funcionamiento pleno de la democracia.
Nosotros, en nuestra práctica de formulación de proyectos de país hemos agregado otro requisito: consensos durables; no contingentes, ni efímeros.
La realidad nos muestra, sin embargo, un sinfín de posibilidades. A diferencia de Enrique Conejero Paz, en el sentido de que “se puede considerar todo el proceso como un juego de suma cero, donde el éxito de las fuerzas democráticas depende de la retirada o el colapso del poder autoritario”, lo que surge generalmente es una solución de compromiso. Ella representa costos de oportunidad a las partes: el costo del consenso.
Los analistas harían bien en indagar todo lo que permite, pero también exige, el reconocimiento de un proceso de redefinición de las fundaciones del sistema social. Implica el pacto social básico; demanda elementos estructurantes en lo cultural, social, económico, político e institucional; de los cuales, hasta ahora, ha podido dotarse de experiencias y “know how” en las áreas de las llamadas Justicia y Economía Transicional.
Las disciplinas de apoyo son, para lo primero, el amplio conjunto de elaboraciones agrupadas en la llamada Economía Constitucional; para lo segundo, un exigente agenda setting, con requisitos de proyección y definición al largo plazo. De lo tercero, haremos especial mención a planteamientos de la Economía Política de las Transiciones Democráticas o Economía Transicional.
La Economía Constitucional permite la evaluación de las decisiones colectivas, no sólo en términos de su calidad –óptima, subóptima, relevancia, durabilidad, etc.- sino también en su eficiencia: la calidad de los procesos y condiciones para lograrlas. El día previo a la terminación de este artículo, decía en una de las redes sociales –palabras más, palabras menos: “En España (…) lo que procede es un nuevo gran consenso para transformar y consolidar el Estado democrático; pues en la raíz de las cosas –en la Economía Constitucional- lo peor que pasa (…) es la pérdida de calidad del pacto social de base (…) y de los modos de logro de ese consenso”.
La agenda de largo plazo, apoyada en el neoinstitucionalismo, debe ser una inteligente operacionalización de un conjunto concatenado de acciones en todas las esferas de la vida social, de modo de apuntar a los tres grandes fines que concebimos para el largo proceso de transición plena a la democracia, como lo concibió Rustow: alejamiento de las acechanzas del totalitarismo, viabilización de la transición (o sea, atención esmerada de la gobernabilidad democrática) y realización en el sentido de la visión resultante del consenso básico. De nuevo, una referencia española: sirven de mucho las referencias a Guillem Martínez y Amador Fernández-Savater, citados por Moreno-Caballud, quienes han usado la etiqueta de “Cultura de la Transición”, para referir los consensos tácitos o explícitos generados en ese proceso.
La Economía Transicional la concebimos como el sistema muscular del proceso de democratización creciente. La refundación económica debe ser sobre la base de reglas firmes, la apropiada dotación de inteligencia a la dirección política, una inteligente burocratización, una combinación profesional de instrumentos automáticos y discrecionales, la institucionalización de la presencia ciudadana y otros atributos que hemos divulgado antes.
El tocado en este artículo es un campo para amplios desarrollos. Sirva lo dicho como abreboca. La puesta a tono del tema de la transición a la democracia sigue su curso. La economía transicional, aún más.
Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
[email protected] / @SJGuevaraG1
