El calificativo en el título no es mío. Me guardo la información sobre la autoría, por razones que después sabrán. No hay duda de que el país marcha al rezago y el atraso en su bienestar y posición global, ojalá que salvables. Por su lado, la democracia se muestra moribunda, a pesar de la retórica oficial. Rezago, atraso y riesgo de muerte del pegamento institucional que nos une no son buenas noticias. El calificativo en el título no es mío. Me guardo la información sobre la autoría, por razones que después sabrán. No hay duda de que el país marcha al rezago y el atraso en su bienestar y posición global, ojalá que salvables. Por su lado, la democracia se muestra moribunda, a pesar de la retórica oficial. Rezago, atraso y riesgo de muerte del pegamento institucional que nos une no son buenas noticias.
Lo veníamos diciendo. Lo ratifican las academias nacionales. Lo sostienen valientemente la jerarquía eclesiástica y la Iglesia toda, excepto las ovejas descarriadas. La ratifican nuestros representantes en la reciente reunión con la OEA y otras instituciones en Washington. Venezuela perdió lo poco que le quedaba de engrudo entre las diversas partes de su “cuerpo” social.
Las razones son de necesaria atención: el demencial régimen que nos perturba la normalidad de la vida decidió acabar con lo poco de vigencia de la Constitución del ’99 y los vestigios de democracia asociados a ella. Puede afirmarse, sin exceso, que Venezuela se quedó sin Constitución.
El irrespeto a la decisión soberana del 2 de diciembre de 2007, relativa al intento oficial de reforma de la Constitución; el cambio en las condiciones electorales para las recientes elecciones parlamentarias del 26 de septiembre; la imposición fraudulenta de una Ley Habilitante, por un periodo que anula la efectividad decisoria de la nueva Asamblea, de todas formas dominada por el régimen; el cambio en el Reglamento de Debates de esa Asamblea; el conjunto amplio de leyes arbitrarias aprobadas en tiempo récord; y etcétera, son la evidencia de la afirmación del párrafo anterior.
Un país retrógrado, la base institucional disuelta, el pacto social desaparecido, una sociedad polarizada, la economía como apoyo para la destrucción de la base productiva y la sociedad, un agresivo bombardeo cultural de estilo ‘cubanoide’ y otros elementos disolventes de la nacionalidad no son cualquier situación.
No es que no hay reacciones. Claro que han surgido. Muchas y diversas. Relacionadas algunas, incluso enfrentadas, otras. No todas con el mismo valor en términos de efectividad y posibilidad. Algunas, basadas en los partidos; otras, espontáneas o de la sociedad civil. Algunas, para un futuro desdibujado; otras, para conjurar el daño pronto. Todas necesarias. Me atrevo a decir, que de necesaria consideración por quienes cumplen tareas de dirección de la política democrática.
Es de destacar el movimiento de universidades, estudiantes, academias y colegios profesionales. Universidades y estudiantes lo demostraron frente a la frustrada Ley de Educación Universitaria y preparan sus propias propuestas. Los gremios y colegios profesionales, por su parte, reaccionan y toman iniciativas: así lo hizo valientemente, como inicio, el Bloque Gremial Carabobeño, con apoyo de la Universidad de Carabobo y nuestro.
Por su parte, La Conferencia Episcopal fija posición sobre el carácter del régimen. La Mesa de la Unidad Democrática amplía sus opciones: ahora dispone de activistas con inmunidad parlamentaria y acaban de tomar en serio -¡por fin!- la importancia de las gestiones externas. Diego Arria –pionero en la acción exterior- propone abrogación. Intelectuales relevantes, como Antonio Pasquali y Ricardo Combellas hablan de desobediencia. Incluso de inhabilitación. Cobra cuerpo una iniciativa constituyente.
Frente al desbaratamiento, la sociedad puja por su recomposición. El régimen envía señales de debilidad, pero también de desespero. Cuidado con lo que hace.
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País y democracia desbaratados
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