Acallados los festejos celebrados tras su convincente victoria, la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, dedicará todo su esfuerzo en cumplir las ambiciosas promesas de reforma realizadas en la campaña. Acallados los festejos celebrados tras su convincente victoria, la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, dedicará todo su esfuerzo en cumplir las ambiciosas promesas de reforma realizadas en la campaña. Sin embargo, su camino va a estar lleno de obstáculos, porque no tiene un firme control del Congreso y las amenazas que se ciernen sobre la economía podrían arruinar su luna de miel con los electores.
La socialista —que gobernó Chile del 2006 al 2010— fue elegida con un 62,1% de los votos en la segunda vuelta, el mayor porcentaje logrado por un candidato desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Bachelet aspira pasar a la historia como la mandataria que corrigió las fuertes desigualdades sociales en el mayor exportador de cobre del mundo, a poner en marcha el antídoto, mejorando la educación pública, previo aumento de los impuestos empresariales, y reformando la Constitución. Pero para conseguirlo deberá recurrir a su reconocida habilidad negociadora, validada, una vez más, en su paso por la presidencia de ONU Mujeres.
La presidenta electa ha contado con el ‘voto útil’ de infinidad de compatriotas que no estaban conformes con las políticas sociales del presidente Sebastián Pinera. Y ha prometido reducir la brecha abismal que hay entre ricos y pobres en este país. Uno de los más estables de Latinoamérica. Para conseguirlo, Bachelet se ha comprometido a poner en marcha 50 medidas en los primeros cien días de Gobierno, que empezará el próximo 11 de marzo. Y quizá una de las claves de la dificultad de la legislatura que tiene por delante sea saber cuánto apoyo parlamentario consiguen estas iniciativas. Más aún, en un año como el 2014 en el que las previsiones apuntan a un posible descenso del crecimiento económico y a una conflictividad social alta.
Bachelet tiene ahora la oportunidad histórica de avanzar en lo que se considera como la autentica transición. Si la Concertación de Partidos por la Democracia fue motor del crecimiento y de inequívocos signos en la reducción de la pobreza después de 1990, librándose al mismo tiempo de algunos resabios autoritarios, la Nueva Mayoría (que incluye a la Concertación y al Partido Comunista) podría apuntar a cambios más trascendentales al modelo económico y social consolidado en Chile desde mediados de los 70.
Y esos cambios parecen coincidir con los deseos de una clase media, que se ha situado en la vanguardia de las reivindicaciones, y quiere cambios que hagan más plausibles para más cantidad de población los progresos experimentados por el país durante las últimas décadas.
Hay pruebas de esa voluntad reformista. Por ejemplo, el resultado de las elecciones parlamentarias del 17 de noviembre. La mayoría de los chilenos que votan a la derecha apuntaron a opciones menos conservadoras y más liberales (como Andrés Allamand y Manuel Ossandón en Santiago), mientras los que votan a la izquierda optaron por las figuras menos moderadas (como el socialista Carlos Montes). Figuras emblemáticas de la Concertación, como Camilo Escalona y la ex canciller Soledad Alvear, reconocidos representantes del eje fundacional entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana (PS-DC), sufrieron caídas estrepitosas.
Los chilenos quieren que el Estado vuelva a entrar en algunas áreas como la educación, las jubilaciones o la salud, ahora totalmente privatizadas, desreguladas y en manos de los mercados. No para ‘nacionalizarlo’ todo, al estilo de otros países de la región, pero sí para evitar las actuales exclusiones. La reforma tributaria será probablemente el primer proyecto de ley de la nueva administración y en ella se incluirá un aumento del tipo del impuesto de sociedades que se elevará hasta el 25%. Una presión fiscal que aún se situará por debajo de la vigente en muchos países industrializados.
Bachelet iniciará su segundo periodo presidencial en Chile con la actividad económica en desaceleración lo que repercutirá en la recaudación fiscal, lo que significa que tendrá más desafíos y menos caja para transformar al país. Por eso va a aumentar el impuesto de sociedades y a eliminar algunas ventajas fiscales para las empresas, con la idea de recaudar unos 8.200 millones para financiar la reforma de la educación. Los empresarios chilenos ya han manifestado su apoyo y su disposición a pagar más impuestos para contribuir a esta tarea.
La educación es un tema sensible en Chile. Y seguramente el presidente Piñera, pueda dar fe de ello. Su popularidad se vio socavada por las violentas protestas de los estudiantes que exigían una mejora en la calidad de la paupérrima educación pública chilena. Así que Bachelet no va a tener problemas en el Congreso para sacar adelante este proyecto. Sin embargo, la reforma de la Constitución quizá no cuente con tanto respaldo. La mandataria quiere cambiar un sistema electoral diseñado durante la dictadura, que obstaculiza la obtención de mayoría parlamentarias y complica la tarea de gobernar. Para conseguirlo, Bachelet y sus aliados necesitarían el apoyo de dos tercios del parlamento, así que no va a tener más remedio que negociar con sus rivales conservadores.
En cuanto a la política exterior, Michelle Bachelet, procurará atenuar el ritmo de integración de Chile en las alianzas comerciales y seguirá fortaleciendo lazos con Brasil. En cuanto a los países vecinos también hay trabajo. Las relaciones con Argentina son distantes, Bolivia reclama en los tribunales internacionales una salida al mar, y hay discusiones con Perú por cuestiones de límites y fronteras. Bachelet volverá a compartir instancias con antiguos colegas de gobiernos izquierdistas como la argentina Cristina Fernández y el boliviano Evo Morales, con quienes mantuvo una cordial relación durante su primer mandato.
Chile es miembro asociado del Mercosur —que tiene como socios plenos a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela— y participa de otros organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Los esfuerzos de Bachelet se enfocarían en procurar revertir la sensación de que Sudamérica está partida en dos, con los más izquierdistas como Argentina, Brasil y Venezuela por un lado, y los más conservadores como Chile, Perú, México y Colombia en el otro. Además, Chile iniciará en enero próximo un período de dos años como integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que promueve la inclusión de nuevos miembros permanentes, Brasil, entre otros. Brasil.
