La demanda de profundos cambios en la Organización de los Estados Americanos (OEA) liderada por el reconocido Eje Bolivariano -gobiernos izquierdistas de Bolivia, Ecuador Nicaragua y Venezuela- jugò como seria amenaza ahondando las divisiones en el seno del organismo regional, que celebró su 42ª Asamblea General en la ciudad boliviana de Tiquipaya. La demanda de profundos cambios en la Organización de los Estados Americanos (OEA) liderada por el reconocido Eje Bolivariano -gobiernos izquierdistas de Bolivia, Ecuador Nicaragua y Venezuela- jugò como seria amenaza ahondando las divisiones en el seno del organismo regional, que celebró su 42ª Asamblea General en la ciudad boliviana de Tiquipaya.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se sumó firmemente al reclamo impulsado por Evo Morales de «refundar» el organismo. «Para la OEA hay dos caminos: o muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América», fueron los enérgicos conceptos vertidos por el mandatario del paìs del altiplano.
Tanto Bolivia como Venezuela habían arremetido en la jornada inaugural contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que, a su juicio, defiende intereses políticos y económicos contrarios a sus Estados. Por eso impulsaron una campaña en la OEA para recortar los poderes de la CIDH, con sede en Washington, quien funciona de manera autónoma de la OEA. Sus informes críticos perturbaron en el pasado a las dictaduras que gobernaron en América latina en la década del 70 y parte de la del 80. En la actualidad, algunos de sus pedidos incomodan a gobiernos de izquierda, como los de Ecuador, Venezuela Bolivia y Nicaragua que llevan adelante una fuerte ofensiva contra la prensa independiente. El malestar de Correa se debe a la petición que le realizó recientemente la CIDH para que frenara un proceso judicial contra periodistas de su país, que lo caracterizaron como un gobernante autoritario.
Aunque menos enfático, Brasil también defendió reformas en la CIDH. Ante estos comentarios, Washington sale al ruedo, sosteniendo que pretende reformar y perfeccionar la OEA y sus instituciones, por lo que es necesario trabajar en conjunto a los efectos de alcanzar consenso.
El actual secretario general de la OEA, el chileno José Manuel Insulza, quien ha jugado un rol poco significado por estos días, ante los pedidos de cambios en la CIDH, aseveró que la reforma del sistema interamericano de derechos humanos es un «asunto en desarrollo», sobre el que ya hay, según señaló, una propuesta concreta del Consejo Permanente del organismo.
Fuentes diplomáticas cercanas a las negociaciones dijeron que una reforma radical de la CIDH como la que exigen Correa y Morales podría demorar, ya que ante tal ofensiva la coyuntura, al momento no deja ver el sol.
El presidente ecuatoriano es el único jefe de Estado que asiste a la Asamblea General de la OEA, además del anfitrión, Morales, que le hizo una inusual invitación días antes del encuentro, en el que suelen deliberar sólo los cancilleres.
El cuestionamiento de la CIDH y de su Relatoría de Libertad de Expresión relegó a un segundo plano el tema central de la reunión: la seguridad alimentaria.
Pese a las divergencias, la OEA alcanzó un primer consenso: al aprobar la Carta Social de las Américas, un instrumento para complementar la democracia con un desarrollo económico inclusivo.
No podía faltar el condimento especial de la reflexión del venezolano Hugo Chávez, quien afirmó que si no hay cambios, hay que acabar con la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las escasas instituciones de bien ganado prestigio con credibilidad manifiesta y que funciona más que aceptablemente en la OEA , construida en la región sobre los pilares de la defensa absoluta de los derechos humanos m las libertades públicas y de expresión corre serio peligro.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad Expresión son directamente responsables de los logros más importantes alcanzados en ámbitos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias.
Ahora bien, si este organismo ha transitado por el buen camino a que se debe tan desmedida campaña en su contra– respuestas a la vista—, ha rozado caros intereses de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso suficiente para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a nadie, y menos a un órgano de supervisión regional.
Apuntalando la desdibujada ‘perfomance’ del actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es demostrativo que en lugar de ejercer el liderazgo que su función le asiste a efectos de para proteger tan superlativa institución, en la práctica, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan.
Sinceramente estos ataques vienen desde tiempo atrás, ya en 1993 se registran esfuerzos para desacreditar o recortar las facultades de la Comisión. Gobiernos de distinto tinte ideológico, pero con nostalgia por la soberanía y el principio de no injerencia, descubrieron la fórmula perfecta:–conformando grupos de trabajo– conocidos en la OEA como de fortalecimiento del sistema de derechos humanos, cuando su verdadero cometido es buscar su debilitamiento y, si estuviese a su alcance, hasta su sustitución.
En esta faceta conviven gobiernos que sin tapujos intentan limitar las principales atribuciones de la Comisión y su Relatoría de Libertad de Expresión y gobiernos que la defienden desactivando las iniciativas más dañinas, lo cual sumado al apoyo de la sociedad civil, ha permitido a la Comisión sortear con esforzado éxito esos procesos inquisitoriales..- Por ende, no resulta sorpresivo que los gobiernos del ALBA estarán muy complacidos de participar en un proceso de reforma de la Comisión y su Relatoría, lo que sí resulta poco comprensible es la actitud asumida por Brasil, quien también apoya esta estrategia, si tiramos del carretel esta actitud de Itamaraty tiene su respuesta, sucede que la Comisión tuvo la osadía en su momento, de requerir información sobre el impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico destinado a las comunidades indígenas del Amazonas, convenimos que es decepcionante que un país que aspira a asumir un rol de protagonismo más allá de la región, incluso en derechos humanos, y que jura adhesión al multilateralismo, siga boicoteando a la OEA, siendo que debería significar uno de sus más importantes sustentos.
El secretario general justifica este nuevo camino sosteniendo que generará más seguridad jurídica y mejor protección. A juzgar por el récord de algunos gobiernos con sus propios ciudadanos –especialmente aquellos que buscan perpetuarse en el poder– me temo que el secretario está equivocado.
Pasando a papel la OEA cerró su 42 Asamblea anual como comenzó, es decir con una cruzada liderada por los países del ALBA, contra los fundamentos del organismo, haciendo hincapié en una retirada del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, firmado en 1947. tan presente en días de la Guerra de Malvinas, una duerte ofensiva contra la CIDH, además de dejar en evidencia las inocultables divergencias entre el anfitrión, Evo Morales, y el Gobierno de EEUU.
La consigna convocante para la reunión de los 34 países miembros– La Seguridad Alimentaria– pasó a un pálido segundo plano, ya que primó las constantes objeciones a la estructura de la OEA, una de las frases más duras atribuidas a Morales– No quisiéramos que muera la OEA, pero mientras exista intrasigencia del gobierno norteamericano, especialmente dentro de ella, seguramente que el autor que la elimine será EEUU.
Bolivia ni America Latina desea eliminar al organismo, prosiguió Morales, quien exigió cambios profundos en su estructura, especialmente en la CIDH.- Las intenciones del eje son las de trastocar los pilares de la CIDH, proponiendo la restricción de criterios a fin de otorgar medidas cautelares y promoviendo la posiblidad de que los informes de la CIDH sean discutidos con los gobiernos acusados de abusos.- Tal como era de esperar y ante tal situación, la reacción de EEUU no se hizo esperar— EEUU es incluida en el monitoreo de la Comisión , ya que el organismo –no vinculante para el país del norte — es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la CIDH.
Ante tal situación, que incomoda a la CIDH, advierte que su autonomía se ve seriamente amenazada, ya que convenimos en que su independencia es un importante e imprescindible requisito que la soporta.
Es de esperar que el devenir de los acontecimientos deje en claro que la unidad de criterios se establezca por sobre las divergencias, que flaco favor derraman sobre la región.
