Un ministro dominicano detenido por el caso Odebrecht

Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio de República Dominicana
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En una dinámica que recuerda a la vivida anteriormente en otros países de la región, especialmente Brasil, los arrestados cubren todo el espectro político y se extienden a otros sectores. El ministro de Industria y Comercio de República Dominicana, Temístocles Montás, ha sido detindo hoy por su presunta vinculación con la recepción de sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, a cambio de la concesión de obras públicas.

Pero en una dinámica que recuerda a la vivida anteriormente en otros países de la región, especialmente Brasil, los arrestados cubren todo el espectro político y se extienden a otros sectores. Así, según recoge RPP, también ha sido detenido por el mismo caso el expresidente del Senado y actual responsable de la principal fuerza de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista.

O el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exdiputado Ruddy González; así como los exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Radhamés Segura y César Sánchez; y el exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa), Roberto Rodríguez.

De esta forma, por el momento, ya son tres altos dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, dos del Partidos Revolucionario Moderno y uno del Partido Revolucionario los detenidos. Y como figura central en todo el escándalo, el empresario Ángel Rondón.

Éste último, según el representante de Odebrecht en la República Dominicana, Marcelo Hofke, habría sido el encargado de recibir y distribuir los 92 millones de dólares que la empresa entregó en sobornos en el país.

Unas revelaciones que están siendo posibles después de que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, recibiese de las autoridades brasileñas datos sobre los sobornos el pasado 19 de mayo. Además, llegó a un acuerdo con Odebrecht por el que ésta deberá pagar 184 millones de dólares al Estado y revelar los nombres de los beneficiados a cambio de que sus empleados no sean encausados.

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