Sube la tensión en la batalla entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la eléctrica Iberdrola

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Nuevo capítulo en la guerra abierta entre Florentino Pérez, presidente del Club de Futbol Real Madrid y cabeza visible de la constructora ACS, y el empresario Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. La compañía de Florentino ha presentado hoy en los juzgados de lo Mercantil de Bilbao una demanda de revocación de los acuerdos adoptados en la última junta de accionistas de Iberdrola, celebrada ya hace dos meses y medio. Este movimiento llega días después de que la eléctrica presentara su propia demanda para impugnar las cuentas de 2009 de ACS. Nuevo capítulo en la guerra abierta entre Florentino Pérez, presidente del Club de Futbol Real Madrid y cabeza visible de la constructora ACS y el empresario Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. La compañía de Florentino ha presentado hoy en los juzgados de lo Mercantil de Bilbao una demanda de revocación de los acuerdos adoptados en la última junta de accionistas de Iberdrola, celebrada ya hace dos meses y medio. Este movimiento llega días después de que la eléctrica presentara su propia demanda para impugnar las cuentas de 2009 de ACS.

Florentino Pérez intenta echar atrás la decisión de la junta de la compañía vasca de cesar al consejero nombrado por ACS (su máximo accionista con un 12%), que sólo ocupó un asiento en su consejo durante unos minutos. También ha impugnado la reducción de 15 a 14 del número de miembros del órgano de gestión de Iberdrola.

La eléctrica no ha tardado en contestar al movimiento de ACS. En un comunicado, asegura que actuó conforme a la legalidad vigente en su última junta de accionistas e insiste en que el conflicto de competencias aducido para impedir la entrada de la constructora es “evidente, nítido y reconocido” por el propio grupo presidido por Florentino Pérez.

Iberdrola argumenta que la legislación es “absolutamente clara” en el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas, que alude a la separación de consejeros y señala expresamente que “los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo de la junta general”.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán recuerda además que el nombramiento del representante de ACS fue anulado con un apoyo del 81,5% de los accionistas, y que el conflicto de interés está acreditado por informes jurídicos de PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados.

La constructora ya había confirmado su intención de buscar la revocación de los acuerdos de la junta de accionistas de Iberdrola el mismo día de su celebración, el pasado 26 de marzo. Sin embargo, la eléctrica se adelantó y denunció las cuentas de ACS del pasado ejercicio. Según Iberdrola, ACS registró unas pérdidas de 405 millones de euros frente al beneficio neto de 1.952 millones.

La eléctrica explica que si la constructora hubiese cumplido las normas de contabilidad internacionales tendría que haberse anotado correctamente “el deterioro del valor de las inversiones en participadas (Iberdrola y Hotchief). La denuncia ha sorprendido en ámbitos empresariales, ya que las cuentas fueron auditadas por Deloitte sin que esta compañía hiciera salvedad alguna.

Mientras ACS presentaba la demanda en los juzgados de Bilbao, su presidente, Florentino Pérez, disfrutaba de un desayuno en el Hotel Ritz organizado por el Foro Nueva Economía en el que intervino el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti. A su lado, como siempre, estuvo Pedro López Jiménez.

En plena lucha de poder por el control de Iberdrola, los abogados de la eléctrica y de ACS escenificaron sus diferencias en un acto organizado por el IE Business School sobre el levantamiento de los derechos de voto en las empresas cotizadas. En una de las mesas redondas coincidieron, frente a frente, César Albiñana, socio de Albiñana & Suárez de Lezo, uno de los despachos contratados por Iberdrola, y Javier García de Enterría, socio de Clifford Chance, bufete que trabaja para ACS.

Albiñana afirmó que la eliminación de los blindajes “no se sostiene en el contexto actual” y “va en contra de los tiempos modernos”. Para este abogado, la introducción de cambios en la enmienda supone “un indicio de que detrás de la reforma no había una reflexión seria de naturaleza jurídica, sino más bien un remedio o solución de un eventual conflicto muy concreto en determinadas empresas cotizadas”. Es más, Albiñana llegó a apelar a un principio “patriótico” y calificó de “quijotesco” acabar con las limitaciones “en un momento de turbulencias institucionales y precios reducidos en Bolsa”.

Mientras, García de Enterría recordó que el código de buen gobierno promovido por Manuel Conthe recomienda el levantamiento de los blindajes y que esta medida tiene como objetivo, entre otras cuestiones, evitar que se “retenga el poder por parte de los administradores” de las cotizadas, frente a sus accionistas.

La enmienda del PSOE para poner fin en 2011 a los blindajes en las sociedades cotizadas ha levantado ampollas, sobre todo entre Iberdrola y ACS, que protagonizan una de las grandes batallas de la historia empresarial española.

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