Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Santa Cruz anuncia que su autonomía corre peligro por la designación de nuevos jueces en Bolivia

El Gobierno opositor de Santa Cruz ha lanzado la alarma de que su proceso autonómico corre peligro por las resoluciones que pueden tomar los nuevos magistrados del Poder Judicial, que nombrará el presidente de Bolivia, Evo Morales. El líder autonomista de la región cruceña, la más grande y rica del país, Carlos Dabdoub, ha asegurado que lo más probable es que el Tribunal Constitucional, elegido a dedo por el mandatario, establecerá en sus resoluciones que ese proceso autonómico es ilegal. El Gobierno opositor de Santa Cruz ha lanzado la alarma de que su proceso autonómico corre peligro por las resoluciones que pueden tomar los nuevos magistrados del Poder Judicial, que nombrará el presidente de Bolivia, Evo Morales. El líder autonomista de la región cruceña, la más grande y rica del país, Carlos Dabdoub, ha asegurado que lo más probable es que el Tribunal Constitucional, elegido a dedo por el mandatario, establecerá en sus resoluciones que ese proceso autonómico es ilegal.

El Gobierno de Evo siempre ha considerado inconstitucionales los estatutos autonómicos aprobados en referendos durante el pasado año 2008 en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, sin el permiso del Congreso, ni de la Corte Nacional Electoral.

El mandatario boliviano tiene previsto designar mañana, al menos a trece magistrados interinos en el Poder Judicial. Según el Gobierno, los nombramientos serán para cinco miembros de la Corte de Suprema, cinco en el Tribunal Constitucional y otros tres en el Consejo de la Judicatura.

Todos los miembros de los tres órganos del Poder Judicial durarán en sus cargos hasta fines de este año y después sus puestos serán ocupados por quienes resulten electos por una votación en los comicios convocados para el próximo 5 de diciembre.

Según la prensa local, la crisis del Poder Judicial en Bolivia ha provocado que existan 5.640 demandas paralizadas en el Constitucional, otras 5.000 en la Corte Suprema y 1.000 procesos pendientes de análisis en el Consejo de Judicatura.

El Gobierno también ha señalado que estas designaciones interinas eran la mejor solución para resolver la crisis Judicial, mientras se preparan los comicios de diciembre establecidos en la nueva Constitución para reformar los órganos judiciales.

Más información

Scroll al inicio