Si la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no tuviera ya de sobra con el escándalo de Petrobras o la crisis económica del país a ello se ha unido la sospecha de que su campaña electoral ha sido financiada con dinero ilícito. Su popularidad sigue resintiéndose. Si la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no tuviera ya de sobra con el escándalo de Petrobras o la crisis económica del país a ello se ha unido la sospecha de que su campaña electoral ha sido financiada con dinero ilícito. Su popularidad sigue resintiéndose.
Del lado de la economía, entre enero y julio la inflación ha alcanzado el 6,17%, la mayor desde 2003, y el asunto parece seguir al alza, pues el Banco Central augura que para finales de año los precios crezcan un 9%.
Todo ello hace que el retorno al crecimiento parezca complicado y se refleja en la popularidad presidencial. En una encuesta llevada a cabo a principios de este mes solo el 9% calificó la gestión de la mandataria de muy buena, mientras que un 68% suspendió su gestión.
Como no podía ser de otro modo, y recoge América Economía, los opositores han aprovechado el momento para considerar que la presidenta está acabada. Así lo ha sugerido el diputado Lúcio Vieira Lima, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Esta idea no la comporten algunos analistas que consideran que la presidenta aún tiene poderes ejecutivos y la posibilidad de arreglarse con el PMDB. Así lo considera Gaspard Estrada, analista ligado al Instituto de Ciencias Políticas de París, mientras que Mariana Llanos, investigadora del Instituto de Estudios Globales y Regionales (GIGA), de Hamburgo, considera que la prensa y la oposición quieren hacer ver que la grave situación que vive el país aún es más dramática.
