El Senado ha dado luz verde a la votación que pondría fin a su mandato con cinco votos más de los que serían necesarios. Mientras que la atención pública mundial se dirige a Brasil para mirar a los Juegos Olímpicos que tienen lugar en Río de Janeiro, el Senado Federal decidía de madrugada en la capital Brasilia, tras una sesión de 16 horas, la apertura del juicio político a la presidenta electa y suspendida temporalmente, Dilma Rousseff.
De esta forma, mientras Michael Phelps hacía una vez más historia en las piscinas de Río, la Cámara alta brasileña encabezada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, como manda la Constitución, procedía también a impulsar un hecho sin precedentes: abrir la votación final para la destitución de una presidenta electa.
O casi, ya que, en realidad, Fernando Collor de Mello ya habría sido destituído en 1992 por un proceso similar, sino fuese porque prefirió renunciar el día antes de ser condenado. Además, paradójicamente, pese a que el Senado lo inhabilitó entonces por ocho años, como sucedería ahora con Rousseff, posteriormente regresó y todavía hoy se mantiene como senador.
Para ello, el plenario del Senado brasileño tendrá en sus manos la decisión final en dos semanas, entre el 23 y el 31 de agosto, cuando se producirá el debate y posterior votación. Y las perspectivas no son muy positivas para Rousseff ya que ayer, 59 senadores apoyaron el proceso contra ella, mientras que solo 21 votaron en contra.
Es decir, cinco votos más de los necesarios para declarar culpable a Rousseff y suspenderla definitivamente. De hecho, la presidenta parece haber ido perdiendo terreno en estas semanas en lugar de ir recuperando el apoyo de senadores indecisos que necesitaría para salvar su cargo.
Todo ello pese a que el poderoso constructor Marcelo Odebrech, uno de los detenidos por el escándalo de corrupción en Petrobras ha realizado una serie de revelaciones que cuestionan la integridad de los principales impulsores del golpe contra Rousseff.
El influyente empresario, tras un acuerdo de delación con la Fiscalía, ha señalado en diversas oportunidades que el presidente interino Michel Temer, el ministro de la presidencia Eliseu Padihla o el ministro de Exteriores, Jose Serra, habrían sido beneficiados por la red de corruptelas relacionada con la petrolera estatal.
Pero estas revelaciones no parecen haber servido para ayudar a Rousseff, pese a que precisamente, en caso de que fuese destituida definitivamente, sería el presidente interino, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien se aseguraría permanecer al mando del país hasta el fin del actual mandato, que termina el 31 de diciembre de 2018.
Quizá por ello, para defender su mandato, el equipo legal de la presidenta electa ya analiza otras medidas como recurrir ante la corte suprema alegando fallos en el proceso; mientras que congresistas de su partido también han señalado que pretenden denunciarlo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, la propia Rousseff ha apelado directamente a la ciudadanía brasileña al volver a incidir en que se compromete a convocar un plebiscito para que sean ellos quienes decidan si quieren adelantar elecciones en caso de que consiga mantener su cargo.
Una línea en la que ha incidido la senadora de su partido Gleisi Hoffmann al señalar en la sesión de ayer: “Vamos a convocar una elección general para dar una salida a la crisis política. Eso es coraje, osadía. Sacar a una presidenta no lo es».
Una declaración similar a la de su defensa, en manos del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, quien pidió la absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo: “Un presidente de la República solo puede ser separado de su cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor”.
Cardozo afirmó así “estar del lado correcto de la historia”, frente a quienes impulsan un proceso que pretende alejar de su mandato a Rousseff sin pasar por las urnas y terminar así abruptamente con más de 13 años de la izquierda en el poder.
