La provincia argentina de Neuquén retiró anoche a la petrolera YPF, controlada por Repsol, la licencia para operar en dos áreas en ese distrito del suroeste del país. Pese a ello, las acciones de la compañía española repuntaban cerca de un 1% en un Ibex que cedía un 0,5%. La provincia argentina de Neuquén retiró anoche a la petrolera YPF, controlada por Repsol, la licencia para operar en dos áreas en ese distrito del suroeste del país. Pese a ello, las acciones de la compañía española repuntaban cerca de un 1% en un Ibex que cedía un 0,5%.
La petrolera presentó hoy además su descargo ante el Gobierno de la provincia de Mendoza, que también conminó a la empresa a presentar un plan de inversiones bajo amenaza de quitarle la concesión de algunas áreas de explotación de hidrocarburos.
Los argumentos de Mendoza y Neuquén son los mismos que utilizaron la pasada semana los gobiernos de las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz, dos de las mayores petroleras del país, para retirar licencias a YPF en cuatro áreas que producían cerca del 7 por ciento del petróleo de la empresa en Argentina.
Según fuentes del sector consultadas por Efe, las áreas afectadas en Mendoza representan apenas el 0,06 por ciento de la producción total de crudo y gas de YPF en Argentina, mientras que los yacimientos en cuestión en Neuquén no registran producción en este momento.
El Ejecutivo de Cristina Fernández ha convertido sus amenazas en hechos, aunque en lugar de actuar directamente, lo ha hecho por medio de los gobernadores de las provincias con explotaciones petroleras. Se trata de arrebatar concesiones hasta que Repsol se canse y decida retirarse. Esta es una de las opciones que baraja el mercado, que teme que el Gobierno argentino acabe nacionalizando YPF.
Buenos Aires insiste en que YPF puede incrementar su producción un 15% anual. Sin embargo no las tiene todas consigo. La nacionalización total de la compañía enviaría una señal de alarma a otros inversores extranjeros presentes en el país. Además, la compra de la participación de Repsol le costaría al Ejecutivo ni más ni menos que 6.100 millones de dólares, una cifra que coincide con la pérdida de valor bursátil de la compañía española desde que estalló el conflicto, según los cálculos de UBS.
