El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha lanzado formalmente su proyecto de ley para «poner orden» a los flujos migratorios, después de que la población extranjera haya crecido más del doble en los últimos cuatro años, hasta suponer ya casi un millón, el 5,5% del total de la población del país.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha lanzado formalmente su proyecto de ley para «poner orden» a los flujos migratorios, después de que la población extranjera haya crecido más del doble en los últimos cuatro años, hasta suponer ya casi un millón, el 5,5% del total de la población del país.
«Ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos, en esta casa que es la casa de todos», ha explicado Piñera durante el acto de firma del proyecto, que ha sido remitido al Congreso. Junto a él han estado los ministros Andrés Chadwick (Interior), Roberto Ampuero (Exteriores) y Hernán Larraín (Justicia).
Piñera ha abogado por encontrar un equilibrio entre los derechos de quienes quieren entrar en Chile con los del Estado, al que le corresponde regular dichas llegadas y los permisos de residencia. En este sentido, ha advertido de que no renuncia a las «fronteras abiertas», pero ha considerado necesario favorecer la inmigración segura y agilizar las expulsiones.
Piñera ha firmado tres decretos que favorecen la regularización de extranjeros, otorgando por ejemplo visados consulares para haitianos, permisos de «responsabilidad democrática» para venezolana y regularizando a los inmigrantes que puedan estar en Chile de forma irregular –una tercera parte–.
El actual Gobierno ha alegado que parte de las medidas contempladas en este nuevo plan ya fueron planteadas por su predecesor, encabezado por Michelle Bachelet, en un intento por dotar de un mayor consenso a la medida. Piñera ha advertido de que la actual realidad «no beneficia a nadie y crea una situación inconveniente en muchos campos», según medios locales.
Entre las medidas anunciadas figura un endurecimiento de la lucha contra el tráfico de inmigrantes y la entrada ilegal, así como la renovación de las instituciones dedicadas a temas migratorias. También se propone crear un sistema flexible que autorizará a los extranjeros a permanecer en Chile durante 90 días con el requisito inicial de no realizar trabajos remunerados
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