El Gobierno chileno ha presentado un proyecto de ley al Parlamento para autorizar los casinos y eliminar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las embarcaciones turísticas nacionales y extranjeras que operen en el país. Con esta medida, el Ejecutivo aspira reactivar el turismo de cruceros en Chile, que en los últimos tres años ha experimentado una caída del 40%. El Gobierno chileno ha presentado un proyecto de ley al parlamento para autorizar los casinos y eliminar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las embarcaciones turísticas nacionales y extranjeras que operen en el país. Con esta medida, el Ejecutivo aspira promover el turismo de cruceros en Chile, que en los últimos tres años ha experimentado una caída del 40%.
El turismo de cruceros, que mueve a 13,5 millones de pasajeros al año en todo el mundo, ha sido tradicionalmente liderado por el Caribe. Chile, que desde que estalló la crisis económica mundial en 2008 ha visto disminuir el número de navíos de recreo en su país a 155 durante 2010, quiere estimular ahora este sector.
La propuesta plantea la modificación de la Ley de casino 19.995 del año 2005, que limita el número de salas de juego en el país a 24. Con esta reforma, las embarcaciones turísticas que operan en el territorio nacional podrían disponer de casinos. Asimismo, como ocurre en el resto de las empresas hoteleras, se eximiría a los cruceros del pago del IVA por concepto de servicios prestados a los turistas.
Medida que se vería reforzada con la rebaja, de hasta un 80%, de las tarifas en concepto de faros y balizas para las embarcaciones que permanezcan al menos seis horas en territorio chileno recientemente aprobada por el Gobierno chileno.
La reforma tendría un coste fiscal de 300 millones de dólares anuales (211,45 millones de euros). Sin embargo, se espera tener ganancias con el aumento del turismo de cruceros gracias a los beneficios que reporta a los navíos atracar en los puertos de Arica, Iquique, Valparaíso Los Lagos, Magallanes y Coquimbo.
El proyecto de ley ha sido promovido en el parlamento por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, el subsecretario de Economía, Tomás Flores, y la subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass.
